La evaluación de políticas públicas en las administraciones públicas y en los diferentes gobiernos multinivel, se concibe como un medio para analizar, describir y valorar las políticas públicas de forma que todos los actores implicados (personal directivo, personal gestor, profesionales, sectores y personas beneficiarias, etc.) puedan colaborar en el análisis y valoración, así como poder acceder a los resultados de la misma. Por ello, los principios de actuación de la Administración Pública: transparencia, objetividad, imparcialidad y participación de la ciudadanía, en las diferentes Administraciones públicas, sus instituciones y su marco legal tanto desde la estatal, europea e internacional, deben servir de fundamento para que los politólogos y las politólogas asuman su papel protagonista en la evaluación política. De hecho, es el y la profesional de la Ciencia Política quien en mayor medida es capaz por su formación y experiencia de velar por los principios de la Evaluación de Políticas Públicas y de promover la cultura de la evaluación. Así como de liderar con los criterios de la evaluación: Eficiencia, Calidad, Eficacia, Pertinencia, Sostenibilidad e Idoneidad, el avance moderno de la ejecución de Políticas Públicas coherentes hacia una etapa histórica digital y tecnológica como la actual, así como, orientar la política hacia el objetivo General de la evaluación de políticas públicas, es decir, saber si la Política Pública ha funcionado y ha generado un adecuado clima social, económico, y de convivencia democrática en la sociedad. El profesional de la política, politólogo, politóloga y analista científico de la politología ha de ser quien lidere la importante labor de conseguir que se evalúen las políticas públicas con objeto de servir a los principales objetivos de la evaluación de políticas públicas tales como son los de: - transferir los resultados y las buenas prácticas a otros niveles de gobierno o entidades públicas, - rendir cuentas a la sociedad e impulsar la innovación, - facilitar la transparencia y control administrativo, jurídico y financiero, asignación y utilización de los recursos públicos, - impulsar a tomar las decisiones más adecuadas para crear, modificar o reformular planes, estrategias, programas y proyectos: mejorándolos, manteniéndolos o transformándolos. - Detectar y corregir nuevas necesidades y problemas o carencias en la población. - Establecer mecanismos de mejora de la corresponsabilidad e interoperabilidad con el resto de agentes e instituciones implicadas, así como administraciones. Y con ello optimizar el proceso de decisiones públicas.