La participación ciudadana en la gestión pública ha dado pasos de gigante con el reconocimiento del derecho a obtener información de los poderes públicos a través del derecho de acceso o a través de la transparencia activa. Nuestro ordenamiento interno ha consagrado estos derechos de una forma general para todos los ciudadanos desde el año 2013 (Ley 19/2013), sin embargo existe un sector en el que estos derechos gozan de más tradición y cuyo ejercicio ya venía siendo posible antes de su consagración en una ley general. Se trata del derecho a la participación en materia de medioambiente (Ley 27/2006). La ponencia propuesta pretende establecer paralelismos entre el sector particular y el ámbito general para valorar la madurez de este último frente al primero.