En el año 2015 se produjo una reforma del Código penal que tenía entre sus objetivos reforzar la punición de los delitos de corrupción. Entendió el Legislador que el castigo que recibían dichos delitos era inadecuado y que se demandaba por parte de la sociedad una respuesta penal más intensa.

Se procedió, entre otras cuestiones, a modificar las penas, a introducir modificaciones en la libertad condicional, a incrementar las penas de inhabilitación especial para ejercicio de cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. Pasados ya más de tres años desde la entrada en vigor de dicha reforma, resulta necesario valorar si dichas reformas contribuyen realmente a la consolidación de la lucha contra la corrupción.