En los últimos años, diferentes Comunidades Autónomas –Asturias, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Cataluña— han regulado un registro de grupos de interés. El objetivo de este trabajo es explicar por qué políticos y gobernantes de algunas Comunidades Autónomas impulsan este cambio regulador que desde una lógica racional limita su margen de discrecionalidad a la hora de definir la agenda política, reduce su poder de monopolio sobre la información, y aumenta el coste de utilizar recursos públicos en beneficio privado. A partir de la teoría de la difusión de políticas públicas y la teoría principal-agente, este trabajo explica las similitudes y diferencias del alcance de la regulación del registro de grupos de interés teniendo en cuenta como variables explicativas factores políticos –promesas electorales—, institucionales –regulación previa, tipo de gobierno—, o el nivel de corrupción en el territorio. La metodología combina análisis cualitativo de documentos y entrevistas en profundidad realizadas a los principales actores implicados en la política.