Sin duda, la creación del derecho está relacionada con el tiempo. Sin ir más lejos, nuestra Constitución contiene más de una veintena de referencias a plazos que regulan instituciones jurídicas, el funcionamiento de los órganos más importantes de nuestro Estado o la elaboración de las normas de rango legal. Y la justicia constitucional, como legislador negativo en la concepción kelseniana, no escapa de esta afirmación. También la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, establece plazos en múltiples cuestiones, pero no contiene ningún límite temporal para la emisión de las resoluciones definitivas del Alto Tribunal. Sin embargo, entre otros muchos ejemplos, las recientes quejas por parte de los líderes independentistas catalanes en relación con alegados retrasos deliberados por parte del Tribunal Constitucional en la tramitación de sus recursos de amparo en contra las resoluciones de prisión provisional, con la supuesta intención de bloquear la interposición de demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, nos recuerdan la relevancia de esta cuestión tan controvertida.

Sorprendentemente, la literatura apenas la ha abordado, a pesar de que no sólo el contenido de la decisión jurisdiccional, sino también el momento en que ésta se emite tiene capacidad de influencia en el sistema político (no decidir, o retrasar la decisión, también son formas de decisión). Y ello, sin olvidar la naturaleza tan debatida de la justicia constitucional, particularmente su carácter político. Por esa razón, con esta comunicación se quiere ofrecer un análisis empírico del tiempo trascurrido desde la interposición de los diferentes procesos hasta su resolución en forma de sentencia por parte del TC desde 1981 hasta 2018, a partir de una base de datos de elaboración personal, con el convencimiento de que permitirá extraer conclusiones teóricas.