A pesar de la indudable naturaleza pública de los servicios de inteligencia como una institución más de la Administración pública y su carácter democrático –que los diferencian de otros organismos de inteligencia como las policías políticas o las agencias autónomas de inteligencia propias de otra tipología de regímenes políticos-, las constituciones parecen rehuir su regulación como algo incómodo o tabú. No reciben el mismo tratamiento, como otras instituciones de seguridad y defensa igualmente integrantes de la Administración, vinculadas por igual a la defensa del orden constitucional en último término. El propósito de este análisis radica en determinar el por qué de esta situación, más allá de causas vinculadas al peso histórico-político de la actuación de los servicios de inteligencia o a su empleo desviado por parte del poder político o de su relativa reciente configuración. Responder, en definitiva, los interrogantes suscitados al respecto, tratando de dilucidar si es previsible una evolución en el ámbito constitucional y de la inteligencia a lo largo de este siglo XXI, que depare cambios en este sentido, incorporando los servicios de inteligencia al relato constitucional de tal forma que, conjugado con la apuesta por la cultura de inteligencia, las sociedades interioricen sus servicios y sus correspondientes funciones y finalidades, como una herramienta más del Estado democrático constitucional para la realización y salvaguarda del orden constitucional. O si, por el contrario, esta posibilidad resulta inviable, atendiendo precisamente a sus características y funciones.