Desde su creación, la UE ha tenido que hacer frente a las críticas a su falta de legitimidad debido a sus problemas de encaje con los procedimientos democráticos de los Estados miembros y a las peculiaridades de su organización institucional. Las críticas iniciales se centraban en cinco puntos: 1. demasiado poder del ejecutivo sobre el PE; 2. debilidad del PE; 3. inexistencia de elecciones europeas verdaderas, porque no hay partidos europeos; 4. alejamiento de los ciudadanos, que no entienden ni su complejidad ni sus procedimientos; 5. estructura reguladora neoliberal, no negociable, que aleja a los partidos de las preferencias de sus votantes.

Pero, en general, se ponía en cuestión su carácter democrático por carecer de los requisitos estructurales y sociales en los que se basan las democracias. Y a esto se añadía la preocupación por la ausencia de un demos europeo que proporcionara consistencia a sus instituciones y justificara su autoridad.

Este debate fue evolucionando con las transformaciones de la EU, y en él quedó claro también que había que tener en cuenta la legitimidad que proviene de la eficacia y eficiencia (representada por la Comisión y agencias reguladoras, pues es la razón de que las competencias dejen de ser nacionales), y la que aportan las instituciones intergubernamentales (Consejo de Europa, representación indirecta de los ciudadanos).

Todo ello se ha reflejado en diferentes transformaciones que impactan en esos equilibrios entre unas y otras instituciones, y que se han visto cuestionados durante la crisis económica. Como han señalado muchos autores, se ha producido una repolitización de la UE, que suscita de nuevo el cuestionamiento de su legitimidad. Porque muchos académicos subrayan ya que la gestión de la crisis ha generado una auténtica mutación constitucional en los Estados miembros. Esto pone de relieve la necesidad de revisar la concepción de sistema político multinivel, contemplando todos sus niveles y sus interrelaciones desde la perspectiva de la teoría democrática. Y, como sucede dentro de los propios Estados miembros, el discurso de crisis de la representación en la UE se está traduciendo en una demanda de acercamiento a los ciudadanos: a) a través de la revisión de la relación representativa; b) reivindicando su participación directa en la esfera pública y en los procesos de toma de decisiones.