El Gobierno de la Nación dirige la política criminal del Estado. He aquí un presupuesto indiscutido de nuestro ordenamiento jurídico. Pero ¿cuáles son sus consecuencias prácticas en el ámbito jurídico?

                No se trata de una cuestión baladí, pues se formula en el contexto de un intenso enfrentamiento entre posturas filosóficas contrapuestas. Por un lado, están quienes propugnan una visión técnica del Derecho, inspirada en una epistemología de corte científico y que aspiran a la resolución neutral e ideológicamente aséptica de los conflictos. Por otro, se alzan los que enfocan la materia jurídica desde una perspectiva eminentemente social, valiéndose de un método propio de las disciplinas humanas y sin eludir el compromiso ideológico al afrontar los diversos intereses que esconde el texto normativo.

                El diseño de nuestro proceso penal es acaso el mejor ejemplo de esta tensión dialéctica, tal como muestra el debate doctrinal surgido con motivo de la renovación de nuestra decimonónica Ley de Enjuiciamiento Criminal, muy particularmente en la vexata questio de si la instrucción penal debe estar a cargo de jueces o fiscales. Es necesario, pues, un análisis crítico que haga aflorar la estructura profunda que subyace a una discusión cuyas raíces van más allá del Derecho.