Desde 2012 el gobierno español ha adoptado varias disposiciones relativas al uso de mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos que han acabado configurando un espacio de actividad susceptible de ser analizado desde una perspectiva politológica. Se propone realizar una indagación básica desde el Policy Analysis tratando de desvelar su diseño general, e identificando instrumentos, actores, intereses y ámbitos a los que afecta. Dado que el objetivo central de esta política es derivar la solución de algunos conflictos desde la administración de justicia a un conjunto de operadores privados, resulta particularmente interesante para estudiar cómo se redefine la línea entre lo público y lo privado en nuestro sistema político.