El desarrollo de las agendas urbanas va ligado a una concepción integral del espacio de la ciudad para la definición de objetivos y la implementación de medidas. Por ello, la agenda es especialmente sensible a la existencia de problemas transversales que requieren de actuaciones coordinadas tanto en el plano institucional, entre los distintos actores, como en el plano sustantivo, entre las distintas políticas públicas. Con relación a esos problemas transversales, uno de los procesos de cambio más relevante en nuestras sociedades es el envejecimiento de la población. Éste presenta un desafío para el mantenimiento de la  cohesión social y la equidad en el desarrollo de la agenda de políticas urbanas.

En primer lugar, el envejecimiento genera una agravación de determinados riesgos (exposición a situaciones de desempleo de larga duración, morbilidad, restricción de los canales de participación) para un sector de la población. La traducción de estos riesgos en desigualdades permanentes sólo tiene como barrera de contención la inclusión de la dimensión etaria como un factor de impacto en el desarrollo de las políticas urbanas.

En segundo lugar, el envejecimiento no sólo genera una situación de riesgo para un determinado grupo de ciudadanos sino que tiene un componente transversal que afecta a la solidaridad intergeneracional. Ésta se ha articulado tradicionalmente a través de la participación de la familia en la provisión de servicios sociales. Sin embargo, en la actualidad los cambios demográficos no sólo afectan al envejecimiento sino que también son evidentes en la morfología de las familias, lo que puede afectar a las relaciones intergeneracionales y al rol tradicional de la familia. En el año 2016 y en el contexto europeo, dos tercios de los hogares estaban compuestos por una o dos personas. Por su parte, aquellos hogares formados por un único individuo de más de 65 años representan ya un 39% del total de hogares. Esta tendencia unida al proceso de envejecimiento puede dificultar la solidaridad intergeneracional a partir del papel que desempeñan las familias.

Finalmente, no hay un reparto homogéneo de los riesgos entre los distintos grupos etarios, lo que unido a los factores anteriores puede suponer una merma de la solidaridad intergeneracional y una amenaza para la cohesión en el desarrollo de una agenda de política urbana. El riesgo de exclusión social y pobreza afecta de manera distinta a los distintos grupos etarios. Los grupos de jóvenes presentan un mayor riesgo de exclusión social que el de mayores. Por su parte, el grupo de mayores de 55 años presenta un mayor riesgo de resultar afectado por el desempleo de larga duración. Estas situaciones unidas a debates más generales como la sostenibilidad del sistema de pensiones o la edad de jubilación generan un escenario de conflicto entre generaciones en cuanto a la identificación de cuáles son los grupos sociales que deben ser destinatarios prioritarios de las políticas y acentúan la necesidad de desarrollar la cohesión social.

Al objeto de tratar estas cuestiones, el trabajo toma en consideración la relevancia de considerar el envejecimiento en las agendas de políticas urbanas para garantizar la cohesión social. El trabajo analiza así la política de mayores a nivel local y sus retos, ilustrándolos con un estudio de campo que integra una muestra de 21 municipios de la Comunidad de Madrid realizado durante 2018. A partir del análisis de la política de mayores en estos municipios se plantean distintos modelos de políticas públicas presentes a nivel local para atender las consecuencias del envejecimiento, resultando así una tipología de políticas útil para el debate en el marco de la agenda de políticas urbanas.