En los estudios comparados, el gobierno compartido (Hooges, Shakel y Marks, 2008, 2010, 2016), entendido como la posibilidad para actores estatales y subestatales de concurrir a la formación de una voluntad común en una manera mínimamente satisfactoria y legítima, suele ser considerado, aparte del autogobierno, como la otra gran dimensión de la descentralización en los sistemas federales, representando la gestión de la diversidad político-territorial en las decisiones nacionales.

En el caso español, el Estado Autonómico ha sido a menudo calificado como un sistema federal de facto o de tendencia federalizante por lo que cabría asumir, a priori, la existencia de cauces institucionales para conformar esa integración del nivel sub-nacional en las políticas determinadas a nivel central.

Esta comunicación se orienta hacia el análisis de una política ambiental concreta como es la política del agua, abordándola como expresión más o menos acabada del denominado “shared government”. A primera vista, el marco institucional para la gestión del agua, conforma efectivamente un ámbito donde se relacionan las administraciones autonómicas y central, llegando a decisiones comunes en una política especialmente compleja y con encontrados intereses territoriales.

Nuestra intención se va a centrar en analizar las potencialidades y problemas de los organismos de cuenca como instituciones de toma de decisiones comunes a la hora de abordar la planificación hidrológica. Estas confederaciones configuradas según el criterio geográfico-político, se encargan de desarrollar tanto la planificación de las diferentes demarcaciones como su gestión, integrando a todos los actores territoriales presentes geográficamente en el transcurso del río principal o sus afluentes. Ello hace que las CCHH sean un espacio de encuentro entre diferentes administraciones, convirtiéndose así en un escenario de interés para la investigación social de cara a analizar cómo se articula la toma de decisiones comunes en un ámbito sectorial donde, por lo demás, tan claramente se oponen visiones territoriales discordantes e intereses fuertemente sentidos por los diferentes actores sociales y políticos. La pregunta que nos hacemos es hasta qué punto estos organismos de cuenca funcionan como instituciones de gobierno compartido, en este sentido, revisaremos el marco institucional de la planificación hidrológica en las cuencas intercomunitarias del caso español para analizar hasta qué punto compone un ejemplo de “gobierno compartido” o sistema de integración de las administraciones territoriales en la toma de decisiones comunes.