En octubre de 2018, se aprobó la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias que, entre otras novedades, incluye una reforma del sistema electoral del Parlamento de Canarias. La reforma consiste en una reducción de las barreras electorales, en un aumento del número de diputados del Parlamento y en la creación de una nueva circunscripción autonómica complementaria a las circunscripciones insulares ya existentes. Este episodio de reforma institucional resulta, en principio, inesperado, pues contradice una de las principales conclusiones de los estudios sobre la materia: las reformas electorales son un acontecimiento infrecuente en perspectiva comparada. Máxime si se tiene en cuenta que Coalición Canaria, partido que ha ocupado la presidencia del Gobierno autonómico ininterrumpidamente desde 1993 hasta la actualidad, se ha opuesto frontalmente a la reforma de unas reglas electorales que le han otorgado sistemáticamente bonificaciones en términos de escaños.
¿Cómo se explica entonces la materialización de esta reforma electoral? Este trabajo trata de responder a esa pregunta, analizando para ello el conjunto del proceso reformista que abarca desde mayo de 2015 (elecciones autonómicas) hasta octubre de 2018 (aprobación del Estatuto). Para ello, se ha efectuado un análisis exhaustivo de las principales fases parlamentarias y de las posiciones mantenidas por los partidos políticos intervinientes tanto en el Parlamento de Canarias como en el Congreso de los Diputados y el Senado. Asimismo, se ha entrevistado a más de una quincena de responsables de los distintos partidos políticos y colectivos que intervinieron en las negociaciones sobre la reforma electoral en los distintos niveles de gobierno.

Las conclusiones alcanzadas subrayan la importancia de tres factores principales a la hora de comprender por qué ha culminado la reforma electoral en la actual coyuntura política: 1) los distorsionados resultados de las elecciones autonómicas de 2015 generaron indignación ciudadana en importantes sectores de la opinión pública canaria, lo que situó las demandas de reforma electoral en el centro de la agenda política regional; 2) las dinámicas multinivel generadas al debatirse simultáneamente la reforma electoral tanto en el Parlamento canario como en las Cortes Generales, así como la circunstancia de que la propuesta de reforma estatutaria estuviese tramitándose en el nivel nacional cuando la vía regional quedó cegada; 3) la trascendencia del activismo reformista desarrollado por el foro cívico Demócratas para el Cambio, colectivo ciudadano que fue capaz de trenzar consensos sobre una propuesta de reforma electoral conjunta entre fuerzas políticas distantes desde el punto de vista ideológico.