En las últimas cuatro décadas muchos Estados-nación europeos reestructuraron la gobernanza territorial de sus sistemas de protección social (Kazepov, 2010). Dicha transformación tuvo como principal consecuencia que tanto los gobiernos supranacionales y las organizaciones transnacionales como los niveles subnacionales de gobierno se convirtieran en actores más relevantes en el desarrollo de las políticas de bienestar (Ferrera, 2005; McEwen and Moreno, 2005). Sin embargo, durante la Gran Recesión se han detectado procesos de fortalecimiento de la posición relativa de los gobiernos nacionales frente a las administraciones subnacionales que han afectado a la gobernanza de diversas políticas sociales en federaciones y sistemas multinivel como Alemania, Italia, Reino Unido, Sudáfrica, Estados Unidos o Canadá, y ello a pesar de la presencia de elementos de carácter constitucional, político y administrativo que habían limitado hasta ese momento el alcance del poder del gobierno central (e.g. Wollmann et., 2010; Mätzke, 2012, 2017; Lowndes y Prachett, 2012; DeBoer, 2012; Vergari, 2018; Yeandle, 2014, 2016, 2017; Béland et al., 2017; Turner, 2019). El presente trabajo tiene como objetivo comprender los procesos de (re)centralización del bienestar en Estados compuestos y las condiciones que influyen en sus contenidos. Más concretamente, tratamos de responder a dos conjuntos de preguntas interrelacionadas: en primer lugar ¿es la presión contextual derivada de la crisis económica y financiera iniciada en 2007 el factor clave que explica el fortalecimiento de los Gobiernos centrales en materia de bienestar?, o por el contrario ¿lo son los intereses/estrategias y las preferencias ideológicas expresadas a través de los partidos en el gobierno central?; en segundo lugar ¿pueden los diseños y legados institucionales limitar el alcance de los cambios en la gobernanza territorial del bienestar en contextos de crisis? 

Para analizar estas cuestiones se estudia el proceso de (re)centralización del bienestar España durante Gran Recesión (entre 2010 y 2016). La pérdida de relevancia de los gobiernos regionales y locales en el policy-making de las políticas sociales ha tenido lugar sobre todo en países del sur de Europa, entre ellos España, que precisamente habían descentralizado intensamente sus Estados de Bienestar en las últimas décadas (Del Pino and Pavolini 2015; León et al., 2015). En el caso español, esta tendencia hacia una aparente (re)centralización del bienestar ha sido detectada en el terreno de la atención a la salud, los servicios sociales (que incluyen las políticas de atención a la dependencia), y las políticas activas del mercado de trabajo (Del Pino and Pavolini, 2015; Hernández-Moreno and Ramos, 2017; Del Pino and Ramos, 2018). Utilizando un enfoque neo-institucionalista histórico (Pierson, 2000; Broschek, 2013; Martinelli and Novy, 2013), nuestro argumento es que, a pesar de la existencia de garantías constitucionales que protegen los poderes de las ACs y del desarrollo de un sistema altamente descentralizado, la presión contextual derivada de la crisis económica, así como la re-alineación de la party politics del conservador PP en un sentido más centralista, han alterado la tendencia descentralizadora predominante en las políticas de bienestar desde la década de 1980.