La presente ponencia aborda unas reflexiones acerca de la última reforma aprobada en marzo de 2018 que regula el régimen jurídico de los funcionarios locales con habilitación nacional. Pese a los casos de corrupción política/administrativa que se ha producido en los últimos años en la administración local, los partidos políticos se niegan a perder el control sobre las instituciones y no aplican recetas para combatir o prevenir la corrupción. Esa es la conclusión a la que se llega cuando se analiza la última reforma legislativa y el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados con ocasión de la aprobación de la Ley integral contra la corrupción. Del análisis minucioso del debate se extrae que los partidos políticos,-ni siquiera aquellos que llegaron a las instituciones con la bandera de la regeneración democrática-, no tienen verdadera intención de poner frenos a las posibilidades de corrupción desoyendo medidas eficaces para prevenirla, algunas de ellas propuestas por Transparencia Internacional o el propio Colegio de secretarios, interventores y tesoreros de la administración local, (COSITAL).