Los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) destacaron, entre otras cuestiones, por la extensión de los derechos civiles en un sentido progresista. En dicho período se aprueban en España el matrimonio homosexual, el aborto, la protección específica contra la violencia de género y la memoria histórica. Paralelamente, la sociedad española cambia su opinión mayoritaria hacia una mayor tolerancia con respecto a los derechos LGTBI o la igualdad de género, como se puede extraer de diferentes encuestas y de los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas.

Las leyes anteriores, impulsadas desde un gobierno del Partido Socialista, fueron muy criticadas por el Partido Popular en la oposición, desde donde prometía su derogación. Sin embargo, tras la victoria por mayoría absoluta, el gobierno de Mariano Rajoy Brey (2011-2018) no reformó ninguna de las cuestiones anteriores en profundidad y, de hecho, estas tuvieron un desarrollo autonómico en el que no hubo grandes diferencias en función del color político de los gobiernos.

Estas no derogaciones pueden recibir distintas interpretaciones, pero quizás la más interesante sea la idea de irreversibilidad relativa, un concepto elaborado por Íñigo Errejón para referirse a la sedimentación de determinadas reformas políticas a través de su institucionalización y empujadas por su apoyo social. La institucionalización alude al efecto de normalización de las reformas frente a la incertidumbre legal y política que generaría su derogación –¿se podrían prohibir los matrimonios homosexuales con carácter retroactivo?–, mientras que el apoyo social supone su consolidación como sentido común en la batalla cultural (Errejón, 2014; García Linera & Errejón, 2019). La consolidación de derechos para las minorías es también el argumento de La trampa de la diversidad, de Daniel Bernabé, con la contrapartida de que según este autor se produciría la misma sedimentación pero en sentido contrario en la política económica a través de la hegemonía liberal (Bernabé, 2018).

El añadido de "relativa" permite recoger la flexibilidad de la política y la eventual ruptura de los consensos ideológicos. En este sentido, el ascenso de la extrema derecha, encarnada en España por Vox, amenaza con acabar con la irreversibilidad de las reformas progresistas. La agenda de este partido se ha marcado como prioridad revertir lo que consideran "políticas de izquierda", presionando al PP allí donde necesitan sus votos para gobernar. Por ello, este trabajo pretende estudiar la irreversibilidad relativa de las leyes progresistas en dos gobiernos autonómicos en los que se han reabierto estos debates: la Comunidad de Madrid, con un gobierno del PP en solitario pero la dependencia parlamentaria de Vox; y Castilla y León, el primer gobierno de coalición entre PP y Vox. En el primer caso, se debate la derogación de las leyes de Identidad y Expresión de Género y de Protección Integral contra la LGTBIfobia; en el segundo, por su parte, Vox exige la derogación de la Ley de Violencia de Género y del Decreto de Memoria Histórica. Se da la paradoja de que todas estas leyes han sido aprobadas por el PP, que lleva más de veinticinco años gobernando en ambas comunidades autónomas.

En definitiva, se trata de analizar la solidez social e institucional de estas políticas en España para comprobar si pueden resistir o no a las nuevas tendencias electorales ultraconservadoras, así como examinar si existen diferencias entre el apoyo parlamentario y la coalición de gobierno entre PP y Vox a este respecto. Además, con el avance de la extrema derecha en el resto de Europa y en otras regiones del planeta, también se aspira a extraer conclusiones más generales de la resistencia de las reformas progresistas frente a la ofensiva reaccionaria.