El objetivo de este paper es mostrar cómo la respuesta de la Unión Europea a la crisis económica de 2008 tuvo un efecto asimétrico en la legitimidad de input de las instituciones ("input legitimacy") entre los países del norte y del sur miembros de la Unión Monetaria Europea (UME) (también denominados "core/periphery" o "creditos/debtor countries"). En otras palabras, la principal hipótesis de esta propuesta es que, mientras todos los Estados miembros estaban bajo los mismos nuevos tratados (TSCG y TESM) y nuevos mecanismos (Six Pack, Two Pack y agencias fiscales independientes), solo los países de la periferia vieron reducida su legitimidad de input.

En primer lugar, la literatura sostiene que las instituciones —tanto nacionales como europeas— reciben su legitimidad de dos fuentes distintas: la legitimidad de input (apoyo democrático) y la legitimidad de output (eficacia de las políticas y procedimientos), siendo la Unión Europea principalmente justificada por esta última (Scharpf , 1999). De este modo, la crisis de la eurozona tuvo un claro impacto en los mecanismos de legitimidad de la UE y los Estados miembros, en concreto, atendiendo al aumento del desempleo y la pobreza, en la legitimidad de output ("output legitimacy") (Hobolt, 2018; Schmidt, 2019). Así, la respuesta europea a la crisis consistió en un intento de aumentar la eficiencia de las políticas europeas que, sin embargo, erosionó la legitimidad democrática o de input. De hecho, la literatura ha descrito con éxito el papel creciente durante la crisis de las instituciones técnicas, como el Banco Central Europeo (Sánchez-Cuenca, 2017), la Comisión Europea (Nugent & Rhinard, 2019) y las agencias fiscales independientes (Closa, González, & Losada, 2020); de los organismos intergubernamentales, como el Eurogrupo (Craig, 2017); y también el efecto de los instrumentos que forman la nueva gobernanza macroeconómica de la UME en las cámaras legislativas nacionales (Crum & Merlo, 2020; Closa, 2014). Sin embargo, pese a que la confianza de los ciudadanos en las instituciones nacionales de los países del norte apenas disminuyó durante esta crisis (Sánchez-Cuenca, 2017); generalmente, se ha considerado que se produce una reducción de la legitimidad de input en todos los países de la UE. Consecuentemente, este paper sugiere que, si bien todos los miembros de la UME vieron restringida su capacidad de política fiscal por las nuevas reglas fiscales, en la medida en que estas eran de acuerdo a las preferencias de los ciudadanos de los países del norte de Europa (e incluso en algunos países estas reglas ya estaban previamente presentes en sus constituciones), la capacidad de sus ciudadanos para transformar sus demandas políticas no se vio limitada ni erosionada de igual manera a aquellos de los países del sur. A saber, la tesis principal es que debido al impacto diferenciado en la legitimidad de input, la confianza en las instituciones —tanto nacionales como europeas— se redujo principalmente en los países cuyas preferencias agregadas estaban más alejadas de los principios cristalizados en los nuevos tratados (TSCG y TESM). Para comprobar esta teoría, se propone realizar un análisis cuantitativo que permita testar la relación entre la distancia de las preferencias nacionales agregadas respecto a la nueva gobernanza macroeconómica europea y la confianza en las instituciones.

Esta propuesta toma especial relevancia en comparación con la respuesta europea a la crisis económica causada por la pandemia de COVID-19, dado que, en 2021, el nivel de confianza en las instituciones europeas alcanzó posiciones similares —e incluso superiores— a los años previos a la crisis de 2008.