A pesar de la vocación de permanencia de las Constituciones modernas, a nadie escapa hoy la naturaleza sencillamente utópica de una Constitución ideal, al menos en los términos en que así la describiera Loewenstein hace ya más de tres décadas. La inviabilidad de una Constitución omnicomprensiva del orden político, social, económico y cultural tanto presente como futuro, no sólo es un aserto lógico, sino y sobre todo, un desiderátum práctico. En las bien conocidas palabras de Jefferson, «El poder constituyente de un día no puede condicionar el poder constituyente del mañana». Y el mañana, en nuestro caso, parece más presente que futuro.

La idea de reforma constitucional es un elemento esencial de los modernos Estados de Derecho. Garantiza la superioridad jurídica del pacto fundacional, concilia los principios democrático y de supremacía constitucional y propicia el equilibrio entre la estabilidad y el cambio. Un cambio que, hoy por hoy, se revela ineluctable.

La cuestión de la reforma constitucional en España ha recobrado interés, en los últimos años, por razones bien conocidas y frente a las que son ya reiteradas las vindicaciones relativas a, entre otras muchas cuestiones, la inyección a nuestra Norma Fundamental de una verdadera perspectiva de género; un mejor engarce, técnico y político, con los tratados internacionales; la supresión de los aforamientos y de la inmunidad parlamentaria; la incorporación del referéndum abrogatorio; la modificación del proceso de designación y del estatuto de los magistrados del Tribunal constitucional; y, como es de sobra conocido, la reforma del Senado y del reparto competencial entre Estado y Comunidades Autónomas. Ahora bien, los impulsos por la adaptación a los nuevos tiempos de nuestro modelo constitucional económico se nos antojan tímidos, cohibidos, insuficientes.

En nuestro país, la globalización y el capitalismo neoliberal a la misma vinculado han convergido en el sometimiento de las funciones públicas a un mero cálculo económico. A ello ha contribuido de forma determinante la constitucionalización del principio de estabilidad presupuestaria ex art. 135 que, en su aplicación práctica, ha moldeado nuestra economía social a la luz de los principios del ordoliberalismo. En este trabajo se pretende así poner de relieve la necesidad de erigir muros de contención constitucional a los efectos más perversos de la dimensión económica de la globalización neoliberal, formulando para ello propuestas de reforma que allanen el camino hacia la recuperación por el Estado de parte del poder perdido en el contexto de la crisis del modelo post-westfaliano.