Latinoamérica se ha caracterizado por dos aspectos después de la tercera ola de la democratización: 1) mantener de manera ininterrumpida las elecciones con características poliárquicas y 2) mantener el presidencialismo como forma de gobierno (Alcántara 2019). Lo primero constituye una variable de acumulación de experiencia democrática asumida por la izquierda en mayor o menor grado (ausencia de guerrillas y éxito electoral de partidos zurdos, menos Colombia), mientras que lo segundo es parte del diseño institucional que marca las reglas y la estructura de oportunidad política (EOP) en la región; esta es una variable constante que cambia según el diseño de las instituciones de cada país.

Mientras el primer aspecto se toma como un mérito en la cultura política regional, el segundo aparece como una cuestión que merece atención debido a: i) conflictos en la gobernabilidad de los estados y ii) por el ejercicio de gobierno efectivo con saldos autoritarios en el camino.

Bohigues afirma que el presidencialismo representa un riesgo para la democracia porque al tener poderes excesivos podría desestabilizar la normalidad del régimen político (2018, 54); en la misma línea pero con énfasis histórico en el giro a la izquierda en el siglo XXI, Sánchez afirma que la tendencia a centralizar el poder político en el presidente de la república va acompañado de poca inclusión a más actores en la toma de decisiones, mermando la calidad democrática en términos de representación y participación (2019). Pero, conviene distinguir las tendencias presidencialistas en la región respecto a su relación con el régimen democrático durante el giro a la izquierda porque mientras en Brasil, Chile y Uruguay se respetaron a las instituciones y oposición política; por otro lado, en Venezuela, Bolivia y Ecuador se concentró poder en el Ejecutivo y prevaleció la acción política de confrontación y polarización (Torrico 2017, 20), característica que habría que añadir a Nicaragua también (Payne 2006, 190).

Desde la vertiente electoral de las consultas populares se califica como "hiperpresidencialismo plebiscitario" a Bolivia, Ecuador, Venezuela y Argentina por su activación electoral permanente sobre temas "no electorales" vinculados a reformas estatales o constitucionales, pero sobre todo destaca que su línea de acción y de discurso se unificaron en un lenguaje común y pautas de acción regional solidarias e introdujeron medidas que aumentaron el peso del presidencialismo (Manuel Alcántara 2018, 2875–76).

Linz (1997), Mainwaring y Shugart (1996) señalan los riesgos del presidencialismo para la estabilidad democrática, el primero indica cinco problemas: 1) doble legitimidad Ejecutivo-Legislativo, 2) rigidez, 3) fomento de juegos donde el ganador se lleva todo, 4) favorece un estilo de política intolerante con la oposición y 5) facilitar el surgimiento de candidatos outsider; mientras que los segundos hacen énfasis en la difícil combinación entre presidencialismo y multipartidismo en el legislativo, un tema típico del neoinstitucionalismo porque se intenta comprender si se puede convivir entre los dos poderes de Estado de manera que se mantenga el orden democrático y la división de poderes (Pérez-Liñán y Mainwaring 2014; García Montero y Sánchez 2002; Sánchez López y Alcántara Sáez 2004; García Montero 2009).

En los análisis especializados en sistema de partidos se advierte que el presidencialismo tiene una EOP abierta a candidatos "populistas" porque éstos pueden apelar directamente a los votantes para llegar a la jefatura de estado sin necesidad de tener liderazgo en los partidos políticos, es más, en sintonía con la opinión pública pueden tomar como principal estrategia discursiva el ataque a los partidos políticos para llegar al poder, todas estas posibilidades son parte de la EOP favorable en el presidencialismo (Mainwaring y Torcal 2005, 161–63); pero, aunque los presidentes respeten al campo institucional los partidos han recibido un impulso extra de presidentes o candidatos con evidentes posibilidades de serlo (Manuel Alcántara 1996, 10).

El conflicto derivado con el poder legislativo se explica parcialmente porque el diseño institucional cambia con menos frecuencia que el sistema electoral o de partidos, como consecuencia existen relaciones tensas y sujetas a múltiples obstáculos difíciles de erradicar en el tiempo, esto aplica sobre todo a los casos de Bolivia, Ecuador y Perú según el análisis a los países andinos que realizó Pachano sobre la calidad de la democracia (2011, 226).

Según la crítica al presidencialismo combinado con el multipartidismo en el legislativo (frecuente en América Latina, con excepciones temporales), la gobernabilidad es difícil debido a que el parlamento tiene pocos estímulos para cooperar con el presidente, los partidos son poco disciplinados y no cumplen con los compromisos entre los líderes de los partidos, las formación de coaliciones son difíciles y no duraderas, esto se debe a que solo se forman por la coyuntura electoral y no para formar gobierno (Mainwaring y Scully 1997; Chasquetti 2008).

Sin embargo, esos supuestos son más teóricos que empíricos porque los presidencialismos después de la tercera ola de la democratización en América Latina lograron 69 coaliciones de entre 123 periodos de gobierno en la región, y los tipos de colaboración entre partidos y presidente son de diverso tipo, pero en general los presidentes con minoría legislativa necesitan de apoyos para tramitar su programa de gobierno, las reglas institucionales para nominar cargos también promueven la colaboración entre legisladores y presidente, aunque las coaliciones dependen del número de escaños ganados por el partido del presidente (Chasquetti 2008, 75–86), pero lo importante es que el diseño institucional y la propia dinámica de la forma de gobierno hace que el presidencialismo busque formas para alcanzar la gobernabilidad, desechando la tesis fatalista de que provoca por sí mismo ingobernabilidad y quiebres democráticos.