La libertad de comunicación pública en campaña electoral es un ámbito de estudio dinámico que se enfrenta a dos importantes retos:

   Por un lado, debe adecuar los medios, soportes e instrumentos de comunicación política a la reciente reforma de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General (LOREG) que incorpora importantes modificaciones respecto del objeto y límites de la campaña institucional (artículo 50), del respeto a los principios de pluralismo, igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa en los medios de comunicación públicos y privados (artículo 66) y de la publicidad o propaganda electoral (artículo 53). Todo ello dibuja un panorama de previsibles conflictos que la Junta Electoral Central ha querido neutralizar publicando recientemente tres instrucciones (Instrucción 2/2011, de 24 de marzo, Instrucción 3/2011, de 24 de marzo y la Instrucción 4/2011, de 24 de marzo) que no hacen sino aumentar las incertidumbres.

   Por otro lado, debe hacer frente al paulatino incremento y consolidación de Internet como un espacio de interacción comunicativa con novedosas herramientas (blogs, world wide web, canales propios en redes sociales, etc.) que permiten al ciudadano expresarse e informarse con mayor libertad, a la vez que facilita una comunicación horizontal entre candidatos y electores frente a la tradicional comunicación vertical  que posibilita el dar respuesta a uno de los problemas actuales más acuciantes: la incapacidad de los partidos políticos de reaccionar ante las demandas sociales de una sociedad compleja y fragmentada.