El perfil requerido para los directivos públicos sigue siendo un tema de extrema importancia para la gestión pública. Cuestión incorporada al hilo de las primeras reformas y modernizaciones administrativas, y agudizada con la irrupción del paradigma de la nueva gestión pública; sigue de plena actualidad en la era de la gobernanza. Una vez más asistimos, a viejos debates con nuevas formulaciones; a la eterna disquisición sobre donde debe acabar la política y donde empieza la administración; a como obtener mayores niveles de profesionalidad en los cuadros directivos públicos; y a como se debe exigir el cumplimiento de objetivos y el aseguramiento de niveles óptimos de responsabilidad. En España, la figura del directivo público, se a visto fuertemente afectada por la irrupción del Estatuto Básico del Empleado Público; norma básica para el empleo público que parece sugerir un nuevo perfil marcado por la posible cooptación de los directivos del ámbito privado, por su sujección a los resultados, y por un aumento de su autonomia de gestión. No obstante el Estatuto Básico, siguiendo su orientación marcadamente abierta, no define exactamente los límites ni los requisitos que ha de reunir el directivo público, dejando esta labor a la plena disposición de cada administración. En el summum de este caracter abierto, incluso la creación de la nueva figura del directivo público se plantea como una cuestión potestativa para cada dimensión administrativa. Dado este estado de la cuestión, dedicaremos el objetivo final de esta investigación a aclarar en que medida se está produciendo este debate en el ámbito de la administración autonómica gallega, y cuales son las líneas políticas, legislativas, y técnicas, que pueden guiar el desarrollo legislativo autonómico en esta materia para los próximos años.