Los gobiernos locales españoles no han sido ajenos a los vaivenes de la política nacional e internacional en cuanto a obtener los recursos suficientes con los que atender los servicios y demás prestaciones que los ciudadanos reclaman y para los que ostentan un derecho, enmarcado en la gestión de sus intereses, regulados legalmente bajo la cobertura de principios recogidos en nuestra Constitución y en instrumentos de regulación internacional, cuyo contenido ha sido incorporado al ordenamiento aplicable: suficiencia financiera, subsidiariedad, máxima proximidad en la gestión y otros. Esta ponencia pretende evaluar las medidas político-legislativas adoptadas por el gobierno del Estado respecto a la restricción de uno de esos recursos, como es el acceso al crédito bancario por parte de los gobiernos locales. Esto supone una fractura en el principio de autonomía local; y no es nuevo, pues desde hace más de treinta años, el gobierno central ha ido aumentando los controles y restricciones, unas veces en aras de la estabilidad económica y financiera, otras en función de la consecución de objetivos macroeconómicos o de cumplimiento de parámetros financieros de carácter supranacional, y para atender al equilibrio presupuestario de las cuentas públicas. Sin embargo, estas medidas no han resultado efectivas, pues los ayuntamientos y diputaciones han seguido aumentando su deuda bancaria, hasta el momento actual en el que se sabe que ronda los treinta mil millones de euros, según el Banco de España. Esto conviene ponerlo en relación con el gasto público local que representa el 13% del total del gasto público.