El trabajo que aquí presentamos quiere explorar las contradicciones que se producen en la práctica cotidiana de aplicación de las políticas que intentan luchar contra la precariedad a partir del estudio del caso de las políticas de formación para jóvenes parados y políticas de lucha contra la pobreza. Esas contradicciones hacen referencia al hecho que dichas políticas se basan en un enfoque privativo (Fretigné, 2011)- sin recursos, sin formación, sin trabajo...- de sus destinatarios y son aplicadas por agentes con un fuerte ethos de clase media –trabajadores sociales y técnicos de inserción-. Estos dos elementos llevan a que en los procesos llamados de inserción (social y laboral), principal respuesta desde la política pública a los procesos de precarización, los elementos propios de la precariedad vital –no adhesión a las normas de individualización, autonomía (Béjar, 1997) o familiarista (Lenoir, 2003)- se tornen elementos de descalificación y a menudo de exclusión de una parte de los usuarios de dichos dispositivos de la política pública –dispositivos de inserción, formación o de acogida-. Es decir, las lógicas propias de los instrumentos de la política pública evacuan a una parte de sus destinatarios del disfrute de políticas que les son destinadas. El trabajo que presentamos se basa en un los resultados de una tesis doctoral sobre la puesta en práctica de la Renta Mínima de Inserción en Cataluña.