Con la crisis sanitaria del COVID-19 se ha puesto en marcha el Ingreso Mínimo Vital para atender los devastadores efectos que ha tenido la pandemia en la economía y el empleo. Una medida que nació con vocación de dar respuesta de un modo rápido a la gran cantidad de personas que cayeron en el riesgo de exclusión social y la pobreza, en su aplicación no ha alcanzado los efectos de escudo social protector deseados.

La regulación administrativa de acceso a estas prestaciones económicas ha demostrado una rigidez en la gestión, incompatible con la celereidad de respuesta que resultaba necesaria y con el drama humano que ha supuesto la pandemia. Es preciso examinar la realidad de gestión para tomar decisiones que permitan que este tipo de respuestas se desarrollen con eficacia, al tiempo que establecer sistemas de control que permitan un seguimiento que garantice el buen fin de las prestaciones sin frenar su implementación.

Las políticas públicas de rentas básicas deben abordarse desde la triple perspectiva, social, económica y política. Como políticas sociales cumplen la función de contribuir a la seguridad y la dignidad de las personas, como un seguro que nos protege ante la incertidumbre y los riesgos de la sociedad contemporánea, en la que el impacto de una crisis económica, sanitaria o medioambiental, puede dejar en situación de desamparo a un gran número de miembros de nuestra sociedad. Desde un punto de vista de la política económica, cumplen una función de mantenimiento de la capacidad de consumo de las familias, sosteniendo la demanda interna como parte importante del PIB en economías de mercado, contribuyendo a mantener la actividad económica y por tanto el empleo. Y finalmente, desde el punto de vista político sirven a la cohesión social por su capacidad integradora y el refuerzo de la percepción de que el Estado social y democrático se ocupa de las personas ante las dificultades como parte del contrato social del siglo XXI, resultando la mejor vacuna ante el auge de los populismos iliberales que amenazan las democracias.

La políticas de renta básica son socialmente justas, económicamente inteligentes y políticamente integradoras.