Esta ponencia aborda la política hidrológica en España como wicked problem, es decir como un problema que se presenta multicausal, producto de la interacción de muchos actores entre los que no existe un consenso ni sobre el diagnostico, ni sobre la solución (Rittel y Webber,1973). Estas diferencias de perspectiva tienen consecuencias importantes, ya que la forma en que se define un problema, estará relacionada con las acciones políticas elegidas para abordarlo.

La Directiva Marco del Agua aprobada en el 2000 (DMA) configura a partir de su entrada en vigor un nuevo entramado de actores y relaciones que acercan la cuestión del agua a lo que en el campo de las políticas públicas se conoce frecuentemente como un “wicked problem”, fundamentalmente por lo que conlleva de pluralización de intereses, multiplicación de ejes de conflicto e incluso aparición de disonancias a la hora de definir el propio objeto de la política pública. En el caso español, la gestión en las cuencas intercomunitarias da buena cuenta de lo que supone esta complejización, toda vez que ni siquiera las administraciones territoriales implicadas tienen a menudo un perfil político-identitario similar. Además, el tránsito a un modelo que considera explícitamente el agua como un recurso natural abre la puerta al ingreso de otros intereses, fundamentados en una muy distinta visión del bien a proteger.

En esta ponencia abordamos el caso de la Demarcación Hidrológica del Ebro como representativa de toda esta complejidad, siendo la cuenca que más CC AA abarca, un total de nueve. La planificación y la toma de decisiones no sólo ha venido marcada por planteamientos divergentes de estos territorios, sino por intereses difícilmente conciliables de un buen número de actores privados. Todo ello se ha evidenciado en los diferentes ciclos de planificación marcados por la DMA, así como cuando ha surgido la necesidad de tomar decisiones estratégicas acerca de la distribución y gestión de los recursos existentes.