La seguridad como tema público está condicionada por su multidimensionalidad y por la necesaria adaptación a los cambios propios de sociedades abiertas. Asimismo, la naturaleza de las amenazas, y la gestión de los riesgos que de ellas se derivan, obliga a repensar la acción institucional para adaptarla a modelos integrados y en red que contribuyan a la eficacia de las intervenciones. Entre los retos de la gobernanza de la política de seguridad se encuentran, por una parte, la aplicación de modelos de gestión pluralista con la colaboración entre los distintos niveles de gobierno y la cooperación internacional; por otra, la importancia de la percepción de seguridad de los ciudadanos ya que el trabajo sobre la corresponsabilidad y la cultura de seguridad demanda participación de la sociedad civil. La reflexión sobre un modelo de gobernanza que incorpore la gestión pluralista y sistemas de evaluación desde la perspectiva de la opinión pública, así como la aplicación de los principios de administración receptiva, se hace necesaria a este propósito.