La falta de independencia de los reguladores españoles parecía haberse mitigado con La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía sostenible mediante la creación de nuevos entes y garantizando la independencia entre las entidades empresariales y las administraciones públicas. Si bien este avance no ha sido demasiado significativo y tampoco ha estado exento de problemas, la fuerte crisis económica en la que el país está sumido desde 2008 ha obligado al replanteamiento del sistema español de administraciones públicas. Así, centrándose en razones económicas, parece haberse elaborado el Proyecto de Ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que agrupará bajo un único organismo a ocho reguladores. En tal sentido, el objetivo de este trabajo es analizar las ventajas y desventajas de este modelo único en Europa, haciendo especial énfasis en los efectos que esta reestructuración tendrá en los recursos humanos que integran los organismos actuales, en los sectores regulados y en la gobernanza regulatoria.