En 2022 se cumplen 15 años desde que la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres introdujese el principio de corresponsabilidad como uno de los criterios generales de actuación de los poderes públicos, principio que se materializó, principalmente, en la introducción de un permiso de paternidad de 13 días. Ese mismo año, además, la STC 3/2007 reconocía la dimensión constitucional de los derechos de conciliación desde la perspectiva de la discriminación indirecta por razón de sexo. En 2019, el Real Decreto-ley 6/2019 de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación supuso un gran paso al equipararse la duración del permiso de paternidad con el de maternidad. No obstante, esta norma ha sido cuestionada tanto por la posible ausencia de presupuesto habilitador como por su propio contenido: el propio diseño de los permisos, el olvido de las necesidades de otras realidades familiares o de los derechos específicos de las mujeres asociados a su condición biológica, por no hablar de la ineficacia de medidas para el fomento de la corresponsabilidad asociadas al cuidado del lactante o la excedencia. Conviene reflexionar, por tanto, sobre como conciliar la protección de los diferentes intereses jurídicos en juego, para en los próximos años, no desandar los pasos ya dados hacia la igualdad efectiva de mujeres y hombres.