La pandemia de COVID-19 se ha eregido como un ejemplo perfecto de problema intergubernamental complejo (Thomann et al., 2019), que traspasa fronteras y que requiere de una coordinación y cooperación intergubernamental para implementar políticas públicas efectivas. En torno a esta cuestión, en el terreno internacional nos encontramos diferentes planteamientos y situaciones que llevan todas ellas a una misma pregunta de investigación: ¿es la (des)coordinación intergubernamental que parecen haber experimentado algunas federaciones y sistemas multinivel uno de los factores determinantes del alcance y resultados de la pandemia? En el caso de España, se han generado valiosas contribuciones desde un punto de vista periodístico, politológico y especialmente jurídico, en torno a la dinámica de intervención estatal y las relaciones entre niveles de gobierno. Sin embargo, en el contexto concreto de la crisis de COVID-19, se carece de hallazgos empíricos y comparativos desde un punto de vista politológico sobre la dinámica de funcionamiento y el desempeño de la coordinación en el Estado autonómico en el ámbito concreto de las políticas sociales. A través de un amplio trabajo de campo llevado a cabo en el marco de un proyecto de investigación más amplio y la revisión le literatura gris, textos legales y datos oficiales accesibles publicamente, este trabajo analiza detalladamente cuál ha sido el alcance y la intensidad de la coordinación intergubernamental e intersectorial –en el nivel institucional– entre ministerios y consejerías en los ámbitos de Sanidad y Servicios Sociales. Los resultados del trabajo apuntan que tan importante como la coordinación intergubernamental, para explicar los fallos habidos, ha sido la coordinación intersectorial, y cómo a diferencia de lo que ha ocurrido en el sector de la Sanidad, donde la coordinación intergubernamental de carácter vertical sí se ha producido en términos formales, no ha sido exactamente así en el sector de los Servicios Sociales. En este sentido, esta deficiencia se explica en parte por el hecho de que la Vicepresidencia de Derechos Sociales fue menos activa en la coordinación formal al más alto nivel político, con unos bajos niveles de actividad en sus órganos de cooperación.