La denominación cultura de la legalidad engloba una multiplicidad de dimensiones -éticas, políticas, psicológicas, sociales, jurídicas y administrativas- relativas al fortalecimiento y optimización de las relaciones que en contextos democráticos se llevan a cabo entre las instituciones públicas, las normas legales y los ciudadanos. Si se pretende que estas relaciones, por un lado, reafirmen los presupuestos elementales del Estado de derecho y, particularmente, del principio de legalidad y, por el otro, coadyuven a la profundización de la democracia y al fortalecimiento de la vertebración de la sociedad civil es necesario encontrar vías que fortifiquen la confianza, la responsabilidad, la transparencia y la rendición de cuentas, en tanto ejes centrales de una cultura de la legalidad. Este es uno de los fines últimos que pretenden los sistemas nacionales de integridad. Ahora bien, la confluencia entre estas dimensiones interdisciplinares y estos ejes centrales puede ser diseñada o analizada tanto desde un marco empírico como desde parámetros teórico políticos. Esta ponencia enfoca su atención hacia esta última perspectiva y pone el acento en dos cuestiones. En primer lugar, en el enfoque teórico político del análisis conceptual depurando algunas de las nociones antes mencionadas. Este ejercicio se justifica sobre la base de que clarificar el significado de los conceptos centrales del lenguaje político coadyuva a dilucidar, comprender, explicar, criticar o interpretar las prácticas políticas. Y, en segundo lugar, se aspira a distinguir los elementos morales, filosóficos e ideológicos de los discursos relacionados con estos conceptos. Un ejercicio de este tipo es conveniente para evitar la confluencia perversa de discursos que utilizando el mismo lenguaje defienden distintos presupuestos normativos.