Resulta de sobra conocido que, consecuencia de lo que se ha denominado “estado de partidos”, en gran parte de los regímenes parlamentarios actuales, quien controla el partido que gana las elecciones, controla también el parlamento y se convierte, consecuentemente, en cabeza del ejecutivo. Corolario de ello, tal y como ha señalado la Comisión de Venecia, es una tendencia al desmantelamiento de controles y contrapesos a la mayoría parlamentaria, la cual puede aprobar leyes apresuradamente y sin debate, así como nombrar por sí sola a miembros de la judicatura y agencias independientes. Ello es así porque hoy, la verdadera división de poderes no se da entre legislativo, ejecutivo y judicial, sino que el único contrapeso a la mayoría lo constituyen las minorías. Corregir esta situación, por tanto, requiere de reformas legal-constitucionales para asegurar los derechos de las minorías frente a eventuales de abusos por parte de la mayoría. La justificación de la necesidad de tales reformas no radica únicamente – y aunque ello sería suficiente – en el beneficio que supondría para individuos y grupos susceptibles de sufrir discriminación, sino que es una exigencia “sistémica”, que se alinea con el reto de crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas y a garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades (Metas 6 y 7 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 de Naciones Unidas).

El objetivo de esta ponencia será responder, desde una perspectiva general, a por qué y cómo debiera elaborarse en España un estatuto jurídico de la oposición. La hipótesis de partida es que ello requiere: a) derechos específicos para la oposición parlamentaria; b) mecanismos para integrar a distintos grupos en trabajos parlamentarios; c) creación y fortalecimiento de organismos y agencias de control independientes; d) fortalecimiento de la justicia constitucional; e) establecimiento de mecanismos que sirvan para encauzar protestas y otras manifestaciones de oposición extraparlamentaria. Se empleará la metodología propia del Derecho Público Comparado analizando normativa, bibliografía y jurisprudencia de diversos países de cara a formular propuestas en clave nacional.