La externalización de servicios se ha intensificado desde de los años 90 con la expansión del paradigma de la Nueva Gestión Pública en la administración. Así pues, se ha trasladado la gestión de una cantidad importante de servicios municipales hacia las empresas y organizaciones privadas, principalmente a través de un discurso que ha defendido que este tipo de gestión permite alcanzar el objetivo de una mayor eficiencia económica y reducción del gasto público. Aunque varios estudios han demostrado sus reservas sobre los supuestos beneficios de las externalizaciones, esta práctica se ha seguido llevando a cabo de manera incremental, convirtiéndose en una herramienta privilegiada de las políticas de austeridad aplicadas tras la recesión económica del 2008. Paralelamente, diversos agentes sociales y políticos han cuestionado las externalizaciones. Entre las criticas se pueden encontrar las de aquellos actores que defienden que la gestión directa es más eficaz que la indirecta; los que se centran en la forma en que se establecen los criterios de adjudicación de licitaciones públicas; el peligro de generar prácticas de corrupción por la falta de control y evaluación sobre los servicios externalizados; y el déficit democrático que implican los límites difusos que separan el rol de los actores públicos y el de los privados. Además, la crisis sanitaria y social desatada por la Pandemia de la Covid-19 ha impulsado el desarrollo de estas críticas, poniendo así de relieve los riesgos que conlleva dejar solo en mano de empresas privadas, especialmente cuando no se lleva a cabo la supervisión necesaria, los servicios públicos que son esenciales para garantizar derechos fundamentales, como el de la sanidad o la educación. Es por esto que, algunos gobiernos municipales, apoyados en cierta medida por movimientos sociales y grupos de defensa de los servicios públicos, han comenzado a experimentar con diferentes prácticas que pretenden abordar las consecuencias negativas de los procesos de externalización. Especialmente a partir de la ola del nuevo municipalismo, hemos visto algunos casos de remunicipalización de servicios públicos locales, sobre todo de los servicios hídricos, energéticos, sanitarios y sociales. Por otra parte, algunos ayuntamientos han desarrollado nuevos criterios para conseguir una contratación pública sostenible que busca también la eficiencia social y no solo la económica, es decir, aquella que tiene en cuenta cláusulas sociales, de género, mejora de condiciones laborales, y sostenibilidad ambiental a la hora de adjudicar licitaciones. Además, algunas administraciones han ido construyendo programas para experimentar formas de gestión público-comunitaria que favorezcan la participación de la ciudadanía en la cogestión de los servicios públicos. Este grupo de trabajo pretende profundizar en el conocimiento teórico y empírico de las prácticas alternativas a la externalización de servicios públicos a nivel municipal, como la remunicipalización, la gestión público-comunitaria, y la contratación pública socialmente responsable o sostenible. Para lograr este objetivo se plantean las siguientes preguntas: - ¿En qué contexto sociopolítico se han promovido estas prácticas alternativas? - ¿En qué tipo de tradición administrativa se han ido insertando y cómo ésta ha condicionado su diseño? - ¿Qué tipo de limitaciones políticas, jurídicas y administrativas condicionan su implementación? - ¿Hasta qué punto son capaces de representar una alternativa viable a las externalizaciones? - ¿Cuál es el rol tanto de los gobiernos municipales como de los movimientos sociales en el impulso e implementación de estas nuevas formas de gestión?