Para muchos pensadores, el derecho a la ciudad (o la ciudad abierta) tiene que ver con la capacidad y oportunidad de todos y cada uno de los habitantes de transformar su entorno, y de crear ciudades que respondan a las necesidades humanas. Nos dicen que los ciudadanos han de tener la posibilidad de participar, proponer, preguntar, evaluar, transformar y cambiar los aspectos más importantes de la ciudad que habitan.

Los debates y las decisiones que afrontan actualmente las ciudades de toda Europa son complejos: qué pueden hacer para que los ciudadanos tengan acceso a una vivienda digna, cómo diseñar un urbanismo para que todos los ciudadanos tengan acceso al espacio público y a los equipamientos; qué responsabilidad tiene el sector público y qué responsabilidad tienen los actores privados. Sin embargo, una de las cuestiones más importantes para el futuro de nuestros hijos es cómo responder a la emergencia climática. Los efectos de la emergencia climática son una realidad en las ciudades andaluzas y afectan directamente a la calidad y disponibilidad del agua, tanto las inundaciones como las olas de calor son cada vez más frecuentes e intensas. El desafío es mayúsculo y no se puede afrontar sin la participación de los ciudadanos en la gestión del agua.

La participación ciudadana en el ciclo integral del agua

La participación ciudadana en el ciclo integral del agua, de acuerdo con los criterios definitorios del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, debe ser activa, libre y significativa, lo que significa que, en consonancia con lo establecido en la Directiva Marco del Agua y con la experiencia española en planificación hidrológica, la participación ciudadana no debe limitarse al simple intercambio de información y a consultas puntuales, sino que todos los sectores sociales interesados en el ciclo integral urbano del agua han de poder participar de manera más activa a través de mecanismos de participación directa y efectiva, equitativa y representativa.

Es por esto que la gestión del agua (y más la pública) no puede limitarse a la titularidad del servicio, sino que necesariamente tiene que crear un espacio de participación que haga posible y que canalice la colaboración de todos los actores interesados, a la vez que facilite la gobernanza del servicio, con la concurrencia de los responsables políticos, del gestor del servicio, del órgano de participación y de los servicios técnicos responsables del ciclo del agua.

Es muy importante gestionar de forma correcta los procesos participativos, teniendo siempre como objetivo la colaboración activa de la ciudadanía, y sobre todo evitando la desafección de la población derivada de procesos participativos costosos a nivel de tiempo y a los que no se les ven resultados positivos.

En relación a la reflexión previa, es muy importante el retorno, ya que en muchos casos la Administración pública tiene puertas abiertas a la ciudadanía, pero no hay retroalimentación y no se emite una repuesta posterior.

Por otro lado, es importante también que la ciudadanía entienda que el agua es un recurso escaso y cuya gestión no solo afecta al momento actual, sino a las generaciones futuras. En el caso concreto nuestro país, su ubicación geográfica, condiciones naturales y sistemas de abastecimiento y gestión, hacen que el agua sea un recurso escaso y limitado, por lo que conseguir un uso sostenible solo es posible si la sociedad entiende esta situación y participa en las soluciones posibles. Para tener un modelo exitoso que camine hacia una economía verde urbana, y asumir los retos de la digitalización, necesitamos un marco de debate que favorezca el consenso sobre las principales cuestiones del ciclo urbano del agua. La participación contribuye a la eficiencia, por ejemplo, el Plan de Sequía participado, como el realizado hace meses por Emasesa gestor público del agua en el área metropolitana de Sevilla, permitirá adoptar medidas de manera mucho más ágil, puesto que las acciones contempladas para hacer frente a todo tipo de emergencia, ya fueron debatidas, entendidas y aceptadas por la ciudadanía.  

Es necesario que la población entienda que la participación en la gestión de un bien público como el agua supone derechos y obligaciones. Entre esas obligaciones, aparece como una exigencia de la participación acudir a los órganos de debate con “conocimiento de causa”, ya que cuando se reflexiona con información previa, los resultados son mucho más enriquecedores, generando más y mejores argumentos.

Esta exigencia no solo está focalizada en los asistentes, sino también en el operador público, que debe planificar la sesión de trabajo y que es el responsable de facilitar toda la información sobre la que se va a debatir. Para ello, la empresa metropolitana necesitará a profesionales que sepan gestionar grupos, motivar a las personas, manejar métodos… Al mismo tiempo, en la era de la información, tendrá que poner en marcha plataformas digitales que faciliten la comunicación entre el operador público y la sociedad. Es necesario crear nuevas vías de comunicación entre la empresa pública y la sociedad a las que todas las personas interesadas en participar en la plataforma pueden acceder para debatir sobre temas específicos, votar y contestar a encuestas que ayuden a la toma de decisiones de operadores públicos de agua, lanzar peticiones, etc. 

Para no frustrar la participación, ha de establecerse un proceso que permita introducir las recomendaciones del órgano de participación en la toma de decisiones de la entidad. Se trata de alcanzar una participación activa, que influya no sólo en los órganos de decisión, sino también en la propia gestión.