Con el avance de los años, de los modelos de producción y de la consecuente variabilidad climática, la sociedad se ve cada vez más abocada a gestionar de manera óptima y eficiente los recursos que brinda la naturaleza que son limitados, de manera que se pueda avanzar en el desarrollo sin generar afectaciones catastróficas para el medio ambiente y en consecuencia para el territorio.

En territorios con condiciones de vulnerabilidad preexistentes, el incremento en la probabilidad de ocurrencia de estos fenómenos naturales debido a los efectos adversos del cambio climático aumenta el riesgo de transformarse en un desastre (de ahí su nomenclatura como desastres naturales) y la reversión de la ocurrencia de dichos fenómenos climáticos extremos o la mitigación de sus efectos, hace parte de las preocupaciones de la ciencia del cambio climático, toda vez que de presentarse podrían generar una interrupción en el progreso y los esfuerzos de desarrollo de los estados; situación que preocupa a los gobiernos hasta el punto de repensar las estrategias para enfrentar estos fenómenos, innovando en sus políticas públicas, elaborando herramientas de gobernanza como la gestión del riesgo de desastres que integra distintos actores de la sociedad.

Esta tarea a cargo inicialmente liderada por el Estado como tomador de decisiones, debe ser extendida a los actores sociales de manera transversal, de tal forma que se planteen mecanismos de gestión desde las distintas disciplinas y contextos de la sociedad. De ahí que la elaboración de políticas públicas en torno a la sostenibilidad ambiental como herramienta para hacer frente a las consecuencias de la variabilidad climática son fundamentales para el desarrollo territorial.

En esta línea, es indispensable entender que una buena gobernanza democrática, en el marco del neoinstitucionalismo, se desarrolla a partir de la colaboración entre herramientas de planificación e instituciones para la gestión del riesgo de desastres lo que aportará al desarrollo sostenible y a la hipótesis de que en el actual marco de la crisis climática mundial, una adecuada política pública de gestión del riesgo de desastres adaptada al territorio puede ser beneficiosa y convertirse en una variable fundamental e indispensable en la planificación, gestión e integración territorial.