En la gran mayoría de Estados, la institucionalidad que resuelve de forma obligatorio los conflictos es el sistema judicial, constituido como un artefacto interno del sistema. La Judicatura tiene la misión de mantener los intereses sociales organizados en torno a acuerdos en común, que surgen de ideas base (justicia, redistribución social) y sostienen la legitimidad de la acción judicial. Además, el sistema judicial se concibe como un mecanismo de accountability horizontal que asegura inclusive que quienes disfrutan del control del imperium estatal tendrán el mismo trato que un ciudadano medio. Este sistema ha sido diseñado con el objetivo de que la capacidad de los operadores (jueces) no pueda verse sesgada por vectores internos o externos. Se lo diseñó con una serie de límites de acción, a través de un ordenamiento jurídico que genera canales preestablecidos para la interpretación y aplicación de normas, y con una protección en el ejercicio mediante normas de rango superior que protegen a los jueces de la acción de los otros poderes del Estado.

El Ejecutivo, al asumir el reto de reparar el sistema judicial, podría tomar dos opciones: mantener la situación el sistema y respetar sus límites normativos, o aprovechar el espacio de mejora como una ventana de oportunidad para ampliar los vasos comunicantes que tiene con el sistema judicial y expandir sus capacidades de acción.
El problema surge en el momento que se piensa en cómo el sistema democrático puede sostenerse después una intervención de esta naturaleza. En cualquiera de los escenarios previstos , cabe hacer dos interrogantes: ¿Hay algún efecto?, y ¿de existir un efecto, este aporta o disminuye la acción democrática de un gobierno?. 

La existencia de esta tensión y la ausencia de respuestas son claras en el caso latinoamericano. Todos los países de la región han pasado, con las diferencias de sus procesos políticos internos, en una corriente democrática reformista. Este proceso se resume en fases sucesivas de estatismo en la planificación (años setenta), crisis de deuda externa (años ochenta), reconstrucción neoliberal (años noventa), y construcción de nuevos liderazgos y modelos endógenos en el siglo XXI.  En casi todos los países se encontró o se encuentra un Ejecutivo que practica, en mayor o menor medida, una democracia no completa o disminuida. Estos actores actúan con alta conflictividad y conflictos en entre los derechos y el avance nacional, pero al mismo tiempo tienen a su favor amplias capacidades de transformación social, lo que se refleja en la reconfiguración del poder que sucede en el continente. Es por esto que las reformas son vistas como el camino para que los Estados puedan tender un puente entre su actividad y las necesidades ciudadanas, para generar los vínculos que afiancen el tejido social.

En este orden de cosas, los países latinoamericanos se encuentran embarcados en un proceso reformista continuado desde principio de los años 80. A pesar de sus críticas, este procedimiento ha sido de utilidad para la implantación del Estado de Derecho en la región. Pero, ¿se ha hecho algún aporte sobre como la reforma aporta a la división de poderes?. La presente ponencia busca aportar al debate con el análisis de los diferentes modelos de relaciones legales y políticas sucedidos en la reforma judicial ecuatoriana entre 2007 y 2013, a través del uso del análisis de redes sociales informatizado. A través de este mecanismo se busca mostrar cómo los diferentes sistemas organizativos constantes en la ley chocan en la manera en que se da una trayectoria de reforma, y con ello en el esquema total del sistema democrático.

Para hacer este análisis se propone usar el análisis de redes, mediante herramientas de software libre. Esta herramienta mejora la capacidad gráfica, y como se observará en la ponencia, sirve como un mecanismo para ilustrar con variadas metodologías los alcances de la política, y de la acción de los actores políticos dentro de una intervención en el sistema judicial.