El sistema político de Euskadi, de corte federal, condiciona, como no podía ser de otra manera, el desarrollo de las políticas públicas que en él se implementan. A este respecto, la política de servicios sociales es el ejemplo perfecto de política pública intergubernamental, configurando un Sistema Vasco de Servicios Sociales donde tanto el Gobierno Vasco como las Diputaciones y Ayuntamientos tienen competencias. Así, la capacidad de los territorios y, por lo tanto, de sus órganos forales para definir las políticas de servicios sociales es un elemento característico importante de la política vasca de Servicios Sociales, única en comparación con otras comunidades autónomas, pero también con otros sistemas del bienestar implementados en la propia CAE, como el sistema educativo o el sanitario.

De esta forma, y partiendo de esta realidad, esta investigación se pregunta en primer lugar cómo afecta el sistema político federal presente en la CAE a la configuración del Sistema Vasco de Servicios Sociales. En segundo lugar, analiza si esta configuración genera inequidades territoriales en el acceso y la provisión de los servicios, elementos clave en la construcción de ciudadanía.

Desde una perspectiva de justicia social y garantía de derechos, el desarrollo del Sistema de Servicios Sociales, cuarto pilar del Estado de Bienestar, es fundamental para determinar la cohesión social y la línea de dignidad de una sociedad avanzada. Las preguntas a las que responde este trabajo cuestionan esta realidad