El escenario específico que podemos encontrar en el Ayuntamiento de Madrid en cuanto a su gobierno, su administración y sus políticas públicas, que se genera en su propio marco jurídico (Constitución Española, Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, Ley de Bases del Régimen Local -7/1985 de 2 de abril-, y Ley de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid -22/2006 de 4 de julio-, además de sus Reglamentos), nos permite estudiar un caso de rasgos diferenciados únicos en el Sistema Político Español, no sólo por su marco jurídico, sino por sus hechos diferenciales como los históricos (la anexión de otros municipios que realizó el madrileño a mediados del XX, tales como Barajas, Chamartín de la Rosa, Fuencarral, Vicálvaro o Villaverde, entre otros) y los sociales como el cambio en la estructura industrial de la ciudad en los años 80.

Este estudio de caso, de rasgos diferenciados únicos, quiere analizar el sistema organizativo que de desarrolla por la imprescindible existencia de sus distritos (actualmente 21) en un marco de gestión desconcentrada que se implementa en el nivel inframunicipal. Para ello, la caracterización de los órganos en los distritos según su tipología, ha de realizarse para ver su impacto en una esfera política de rendición de cuentas, en la que los ciudadanos no pueden votar directamente a sus representantes. Los órganos son unipersonales: Concejalía-Presidencia del Distrito, Gerencia y Secretaría; y colegiados: Junta Municipal, Consejo Territorial (Pleno y Comisiones Permanentes), Consejo de Seguridad, y otras comisiones sectoriales. En ellos, la participación de los ciudadanos de manera directa en la fase de formulación, y también de implementación, y evaluación de políticas públicas se realiza de manera diferente, y las posibilidades para la rendición de cuentas son distintas, como podremos establecer de manera gráfica.

Con esto, podemos observar como en este escenario la rendición de cuentas se produce con una "cadena de delegación compleja", que en parte se aleja de los ciudadanos, y que se observa como una de las debilidades en los diferentes presupuestos participativos que se han intentando desarrollar.