A finales de 2013 se promulgó una reforma de la legislación básica del régimen local en nuestro país cuyo propósito declarado era “clarificar” el mapa competencial, reorganizando su cartera de servicios como medio de proceder a su sostenibilidad financiera. Como es sabido, desde su democratización en 1979 hasta la llegada de la Gran Recesión de 2008, los gobiernos locales han conseguido plasmar una suerte de “Estado del Bienestar de proximidad” donde políticas como las de mujer, inmigración, dependencia, tercera edad o juventud, componen, junto a las tradicionales del municipalismo (seguridad, vía pública, equipamiento, regulación de actividades) el núcleo de su actividad. Pues bien, transcurrido un año la pregunta de investigación busca estimar el impacto de la reforma local en ámbitos como los citados, declarados como “competencias impropias”. Para ello se plantea una investigación basada en fuentes de datos secundarios tales como presupuestos, plantillas y relaciones de puestos de trabajo, en un ámbito determinado, el área metropolitana de Valencia.