El vínculo entre los ciudadanos y las regiones autónomas puede ser entendido etnoculturalmente: el autogobierno concebido como la expresión política de una comunidad nacional o histórica y la descentralización como una exigencia derivada de la diversidad nacional. Esta fundamentación etnocultural ha prevalecido en los discursos de legitimación de las Comunidades Autónomas (CCAA). Es más, la combinación de mímesis y agravio comparativo explica que autoridades, partidos políticos e intelectuales hayan promocionado una identidad colectiva basada en particularidades culturales incluso en aquellas CCAA donde no eran populares  partidos y movimientos nacionalistas, como sería el caso de Andalucía. Sin embargo, es cuestionable que una identidad colectiva basada en lo etnocultural pueda ofrecer una base sólida para la legitimación de aquellas CCAA en las que bien no existe un fuerte sentimiento nacionalista, o bien el posicionamiento frente al ideario nacionalista constituye precisamente el eje principal del conflicto político.

La legitimación tanto de las Comunidades Autónomas como del propio Estado de las Autonomías se enfrenta al doble desafío de la crisis económica y la creciente desafección hacia los políticos. Estas dos circunstancias alientan que se cuestione la eficiencia y coste económico del aparato político de las CCAA, así como su idoneidad para realizar la igualdad de derechos de todos los ciudadanos en el ámbito estatal.  En paralelo, especialmente pero no solo los gobiernos y partidos nacionalistas achacan los recortes en políticas del bienestar a una injusta distribución estatal de los recursos o una falta de autogobierno. Todo esto favorece la incertidumbre respecto a la continuidad de la organización territorial del poder en España generada a partir de la impugnación por parte del nacionalismo catalán del binomio Constitución-Estatutos, tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

La situación antes expuesta incita a replantearnos los elementos del actual sistema autonómico. La idea federal está siendo manejada por la socialdemocracia en este sentido, y la fórmula del patriotismo constitucional es congruente con dicha idea, así como con los presupuestos socialdemócratas de nuestro Estado social. En la manera en que lo interpretó quien lo hiciera popular, Jürgen Habermas, el patriotismo constitucional consistiría en adherirse a una identidad nacional basada en la garantía pública de la libertad e igualdad de todos los ciudadanos no solo en términos civiles y políticos, sino sociales y materiales. En todo caso, en consonancia con el planteamiento federal o no, el patriotismo constitucional puede servir para concebir el vínculo de los ciudadanos tanto con el Estado como con los territorios autónomos.En la mayoría de las CCAA, no nos encontramos con fuerzas políticas a priori opuestas a esta posibilidad.

Aunque originalmente desarrollado para afrontar la ruptura de las tradiciones y memoria colectiva de una comunidad política, el patriotismo constitucional podría ser también útil cuando el repertorio de símbolos, historias y narrativas compartidas no es suficientemente amplio. Así, las CCAA podrían ser entendidas como comunidades políticas constituidas para el logro de los derechos civiles, políticos y sociales de los ciudadanos. Esta forma de concebir las CCAA casa bien con el hecho de que tienen atribuidas la mayoría de las competencias en materia de políticas y servicios sociales. Y aunque no se trate de una fórmula definitiva para solucionar los conflictos de base nacional o étnica dentro de un Estado, cabe pensar que la generalización de una identidad de corte consitucional o cívica sí facilitaría acercamientos y acuerdos que en un contexto de reivindicaciones abiertamente particularistas no se producirían.

Ahora bien, la disminución de las prestaciones públicas en materia educativa, sanitaria y social quizás represente un obstáculo para optar por la vía no etnicista legitimadora de las CCAA. Es un hecho que los ciudadanos se sienten tanto más identificados con su CA cuanto más perciben que ésta les provee de bienestar e igualdad. Cabe preguntarse, por tanto  si  los déficits prestacionales, sumados a la desconfianza de los ciudadanos en los políticos, pueden minar el sentimiento de pertenencia de los ciudadanos respecto a su Comunidad Autónoma cuando ésta no es entendida como el correlato político de una comunidad natural o histórica, sino como un artificio político para hacer efectivas la libertad e igualdad en términos civiles, políticos y de bienestar público.