La definición de las políticas lingüísticas a adoptar en parte o en la totalidad del territorio es una de las cuestiones más controvertidas en los Estados multinacionales. La cuestión sobre si una determinada lengua debe recibir un trato prioritario o por el contrario se debe buscar una absoluta simetría (en la administración, en los espacios públicos, en la educación…) supone una habitual materia de desacuerdos y tensiones. El caso de Cataluña supone un ejemplo ilustrativo.

La prioridad que en la comunidad autónoma catalana se otorga institucionalmente a la lengua catalana frente al castellano se argumenta con distintos razonamientos. Un argumento recurrente, que en ocasiones se expresa de forma explícita, y a menudo subyace bajo otras consideraciones, es el de que la lengua catalana ha sido históricamente discriminada. Desde posiciones que reclaman un tratamiento institucional simétrico hacia ambas lenguas, por el contrario, o bien se cuestiona el anterior relato histórico, o bien se considera que éste no justifica un trato diferenciado en el presente.

El caso específico de Cataluña ilustra una problemática que se presenta en términos parecidos en muchos otros casos de conflictos lingüísticos en el mundo. A menudo es muy difícil determinar en qué consiste concretamente una política lingüística justa, al estar las posturas confrontadas fundamentadas en narrativas históricas divergentes, o en ideas diferentes sobre la relevancia de estas en el presente. Una actitud abierta al debate y al diálogo puede mitigar el grado de conflictividad, pero no lleva necesariamente a superar la divergencia de perspectivas ni a encontrar una solución percibida por todos como justa.