El disfrute de una vivienda digna y adecuada no solo es un derecho reconocido por la Constitución: también es un problema que se ha evidenciado estructural en España. Incluso en el período de exuberancia de la burbuja inmobiliaria, el alto precio de la vivienda dificultaba que a ella accediesen los ciudadanos con rentas más bajas, en particular, los más jóvenes. El estallido de la burbuja vino a agudizar tales dificultades, cuya manifestación extrema son los desahucios de residencias habituales como consecuencia de ejecuciones hipotecarias (19.500 solo entre enero y junio de 2014). Junto a estos problemas, nos encontramos los referidos a la inadecuación generalizada de las viviendas, en cuanto asociadas a un modelo de ciudad difusa: una ciudad poco sostenible y que condena a un uso intensivo de vehículos a sus habitantes.

En diversa manera, las políticas públicas han contribuido a una dinámica especulativa asociada a la vivienda. Principalmente, lo han hecho en cuanto han promovido la adquisición en propiedad como fórmula prioritaria de disponer de una casa; y en cuanto el planeamiento urbano ha venido a ratificar más que ordenar los devenires del mercado habitacional. Sin embargo, éstos no son los únicos factores determinantes de que la dimensión social de la política de vivienda se haya visto desplazada por su consideración como política industrial. Con todo, el aprendizaje de lo que pueden considerarse errores en este sentido es manifiesto en las políticas desarrolladas recientemente. Todo ello se examina en esta ponencia, con especial relación a las políticas desarrolladas por la Junta de Andalucía.