La necesidad de mejorar la evaluación de acciones públicas ha sido consensuada claramente por la literatura especializada (Weiss, 1975; Alkin, 2004; Chelimsky, 1998; Feinstein, 2012). Ante ese desafío y en relación con las principales funciones de la evaluación delimitadas por Stufflebeam y Shinkfield (1987), la literatura también concuerda que, al día de hoy, los mayores esfuerzos de mejora se han centrado en las funciones técnico-metodológica de la evaluación (improvement) y de generaración de conocimiento (enlightenment), en desmedro de la función política de control (accountability).

Esta ponencia, aporta los resultados de una tesis doctoral sobre las Políticas institucionales de evaluación y su potencial para aportar al Control de las acciones públicas evaluadas, entendiéndolo como un proceso sociopolítico indispensable para los sistemas democráticos, dentro del cual los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas debieran mantener articulación directa con las prácticas evaluativas y los resultados evaluativos, de tal manera que ellas puedan aportar a la capacidad de control de diversos actores público-gubernamentales, pero también sociales. De esa manera, se plantea que más allá de su uso para la rendición, la evaluación cumple una función política de control no electoral de acciones públicas, hasta ahora no definida como tal por la literatura. Así también, se argumenta la necesidad de estudiar su actuación en la materia, desde una perspectiva democratizadora que problematice las asimetrías de ejercicio de poder de control que existen dentro de las propias evaluaciones, por la repercusión que ello tiene en el control de las acciones evaluadas.

Se desarrolló un Estudio de Caso sobre la Política de Evaluación del Ministerio de Desarrollo Social del Uruguay. Se aplicó un marco analítico que define, a modo de tipos ideales, tres modelos de control público “burocrático gerencial y politizador”, que las políticas evaluativas pueden desplegar y que ello, puede explicarse observando las condiciones institucionales de tipo “normativo, discursivo y relacional” que estas políticas ofrecen.

Los resultados demuestran que las políticas evaluativas efectivamente cumplen una función de control público, cuestión observable en su creación como respuesta a la necesidad de mejorar el control de los programas sociales, en su despliegue dentro de las estructuras de control público donde intervienen actores estatales y sociales, y en el interés político que despierta su propio control. Además, se constata que la función de control que la evaluación ejerce, está mayormente determinada por la dimensión relacional, donde interactúan los intereses y recursos de diversos actores estatales y sociales, quienes recurren a la evaluación como mecanismo para controlar el desempeño público. Así también, que la tendencia en el caso estudiado es usar la evaluación para los controles burocrático y tecnocrático, en desmedro de su potencial para el control politizador. Y finalmente, que el mayor uso y aprovechamiento de la evaluación para efectos de control, lo realizan actores político-gubernamentales, generando esto, una asimetría en el ejercicio de controles, que desfavorece a los actores sociales.

Finalmente, se aportan una serie de aprendizajes y recomendaciones, tendientes a superar estas brechas, de tal manera que las políticas evaluativas realmente contribuyan a su función política menos atendida, que es el control de las acciones públicas evaluadas.