La política medioambiental es una de las políticas públicas de más reciente formación en términos históricos y, probablemente, una de las destinadas a crecer en importancia en los años venideros. De hecho, en los últimos tiempos, cuestiones como la amenaza del cambio climático, la necesaria protección de la biodiversidad o la finitud de recursos naturales estratégicos han relanzado la cuestión ambiental. Nos hallamos ante una materia sumamente compleja debido no sólo a la complejidad técnica de los instrumentos de acción requeridos, sino también a la transfronteralidad -que hace que operar en un marco territorial restringido sin tener en cuenta medidas tomadas en otros niveles que a menudo condicionan decisivamente tanto el marco normativo como la aplicación efectiva del mismo-, y al maistreaming de la misma –que hace que esta no pueda verse de forma aislada respecto del contexto en el que se desenvuelve debido a las interacciones mutuas con otras políticas sectoriales-.

En efecto, el medio ambiente no conoce las fronteras impuestas por el ser humano y los procesos y problemas asociados a él son difícilmente gestionables si no es en un marco de colaboración estable entre instituciones de diferente ámbito territorial. De hecho, podríamos decir que esta, quizá más que cualquier otra política sectorial, demanda actuaciones coordinadas entre diferentes administraciones con competencias sobre la materia, dado que uno de esos niveles administrativos tiene el poder de reforzar o desvirtuar las propuestas de las restantes. Aún más, la gestión política de la problemática ambiental exige asimismo cierta coherencia “intraadministrativa”, de forma que la variable medioambiental se vaya integrando en otras actuaciones sectoriales con consecuencias determinantes en el estado del medio, como puedan ser la política energética, los transportes, la agricultura o la ordenación del territorio. En este sentido, no resulta exagerado decir que la política ambiental ha sido una de las que peor ha resistido la tradicional división funcional de roles en los organismos ejecutivos y administrativos.

Es por ello que, en este GT trataremos de abordar las dinámicas generadas en este subsistema de políticas públicas de protección ambiental y, en concreto, configuramos nuestra perspectiva desde el caso de los estados descentralizados y en sintonía con lo que se ha denominado "federalismo cooperativo". A tal efecto, serán aceptados papers que:

a.- Analicen tanto las relaciones intergubernamentales como los instrumentos orgánicos destinados a la gestión de la política ambiental en los Estados multinivel.  

b.- Estudien la integración de la variable ambiental y de cambio climático en el resto de políticas públicas.

c.- Expongan estudios de caso que, desde la perspectiva comparada, puedan ofrecer información valiosa, tanto de cara al conocimiento aplicado de buenas prácticas (benchmarking), como a la elaboración, discusión y depuración de argumentos teóricos.

d.- Presenten las consecuencias derivadas de la europeización de la política ambiental en los sistemas de gobierno multinivel.