Una de las consecuencias que tuvo la pandemia de la COVID-19 fue que el conjunto de las administraciones públicas en nuestro país tuvo que enfrentar la necesidad de acelerar la transformación de los sistemas de cuidados de larga duración basados en centros colectivos de carácter institucionalizador, por otros basados en la comunidad en los que la vivienda cumple un papel fundamental.

En el marco de los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia administrados por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, se llevan a cabo dos proyectos, "Derechos a la Vivienda" y "H4Y FUTURO", gestionados por las organizaciones HOGAR SÍ y Provivienda. El primero busca implementar un modelo de intervención que ofrece diversas formas de acompañamiento comunitario para abordar el sinhogarismo y prevenir la institucionalización, con la participación de 12 administraciones públicas (8 locales y 4 autonómicas). El segundo proyecto, "H4Y FUTURO", tiene como objetivo probar por primera vez en España la metodología "Housing First for Youth", dirigida a jóvenes de 18 a 25 años en situación de sinhogarismo, y se realiza en dos municipios donde también se lleva a cabo el proyecto "Derechos a la Vivienda".

Ambos proyectos tienen además una vocación de transformación de políticas públicas y por ello en el marco de su evaluación de ambos proyectos se desarrolló un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas que fue administrado a 38 representantes públicos de las 12 administraciones, 32 con perfil técnico y 6 con perfil político.

La presente comunicación ofrece los principales resultados obtenidos a través del análisis descriptivo de las frecuencias de las preguntas cerradas, que combinadas con el análisis y ponderación de las respuestas abiertas permiten hacer una identificación de la visión general de la actitud hacia el cambio, prioridades, impulsores y obstáculos que estos decisores públicos embarcados en un proyecto de innovación percibían en los comienzos de los proyectos.

Entre los principales hallazgos se encuentran la existencia un alto nivel de convergencia entre todos los decisores con los principios generales del modelo planteado al tiempo que se detectaban obstáculos, resistencias y barreras para implementar algunas de sus cuestiones concretas y un bajo nivel de confianza en la capacidad de incidir en las soluciones que los propios decisores habían priorizado.