Entre las dimensiones determinadas por Diamond y Morlino para una democracia de calidad, está la “Horizontal Accountability”, que es el requerimiento de que los funcionarios públicos respondan por sus actos a otros actores institucionales con la la autoridad legal para controlar y sancionar su comportamiento (2005: xxi)[1].

Ésta se manifiesta usualmente en el monitoreo e investigación por parte de organismos estatales autónomos, como la Corte Constitucional, la Contraloría General del Estado, una administración electoral independiente y otros, que escudriñan y limitan el poder de quienes gobiernan. Estos organismos se denominan “organismos constitucionales autónomos” (Ackerman, 2010: 3), y son los encargados, junto con el parlamento, de ejercer la accountability o rendición de cuentas horizontal.

En el Ecuador, en la nueva Constitución de 2008, a través de dos nuevas funciones del Estado, la Función Electoral y su diseño institucional, estos organismos han quedado bajo la égida del Ejecutivo.

Así, el presente trabajo pretende realizar un estudio de Ecuador, partiendo de su calificación en los principales índices de calidad de la democracia como Freedom House y Polity IV, y determinar si su desempeño se debe al funcionamiento de los Organismos Constitucionales Autónomos.