La Ley 10/2021, de 9 de marzo, tiene como objetivo regular la acción exterior del sector público autonómico gallego fuera del territorio nacional español y facilitar la colaboración de las administraciones públicas gallegas con los agentes privados gallegos con presencia, proyección o intereses en el exterior. Incorpora también el régimen jurídico del sector público autonómico en materia de cooperación para el desarrollo humano sostenible y la solidaridad internacional. Casi al mismo tiempo el gobierno español aprobaba su nueva Estrategia de Acción Exterior 2021-2024.

La Ley gallega complementa el trabajo previo de más de 30 años de acción exterior en Galicia (Cancela Outeda, 2011) y supone un paso adelante en cuanto a Estrategias previas. Hay que destacar el enfoque holístico, por el cual la acción exterior de Galicia se entiende como un fenómeno colectivo que no se limita al propio gobierno sino que implica a toda la sociedad.

Esta necesidad de legalización es también consecuencia directa del enfoque regulatorio y codificador de la acción exterior de la Ley de Acción y Servicio Exterior del Estado (LAESE) Ley 2/2014, de 25 de marzo. En lugar de generar una oportunidad para buscar sinergias entre los diferentes actores del Estado en su conjunto en el exterior, LAESE intenta con su codificación restringir más bien el espacio de esta acción exterior por parte de otras entidades ajenas al gobierno central. Una oportunidad perdida (García Pérez, 2014; Pazos-Vidal, 2017), y que en consecuencia obliga a las Comunidades Autónomas a adoptar el mismo enfoque para dar seguridad jurídica a sus actos en el exterior en un grado que en otro contexto no sería necesario.

Por otro lado Estrategia de Acción Exterior de España 2021-2024 afirma haber sido elaborada en un intenso proceso de consulta pública con la participación de las Comunidades Autónomas, y en contraste con documentos precedentes, incluye una más explícita referencia al rol de las CC.AA. en la participación de la política exterior del Reino de España.

Por otro lado, la praxis de la participación de las Comunidades Autónomas en la acción exterior y en particular la Unión Europea ha dependido mucho de la posición e ideología del gobierno central de turno (Sánchez Amor, 2010) pero por otro lado hay factores de maximización burocrática (particularmente por parte de Asuntos Exteriores) y de escasa voluntad e concertación interautonómica (Pazos-Vidal, 2019) que son factores estructurales que explican y previsiblemente limitan el posible alcance de los nuevos instrumentos de acción exterior, ya sean autonómicos como la ley gallega o estatales como la citada Estrategia.  

En el contexto de la Conferencia del Futuro de Europa se abre la posibilidad de revisitar discusiones fosilizadas en lo fundamental desde hace veinte años respecto al rol de las CC.AA. (De Castro Ruano, 2021) en la principal y más intensa área de la acción exterior que es aquella cara la Unión Europea.