La profunda crisis económica ha propiciado un amplio proceso de reducción del aparato administrativo y el cuestionamiento de ámbitos de intervención pública ligados a políticas sociales y de igualdad.  El triunfo de las tesis neoliberales ha consagrado constitucionalmente la prioridad absoluta de los créditos bancarios para satisfacer el capital e interés de la deuda pública y limitado la posibilidad de políticas anticíclicas introduciendo corsés al déficit admisible muy estrictos.  También se pone en cuestión la viabilidad del Estado del bienestar tanto con medidas de reducción del gasto público o modificaciones legislativas que recortan derechos, como indirectamente con la reducidísima tasa de reposición de efectivos que impide no sólo la oferta de nuevos servicios propios de una sociedad avanzada en lo social (dependencia, atención ligada a la conciliación laboral y familiar, protección ambiental...) sino el mero mantenimiento de los existentes con el nivel de prestaciones actual.  En este contexto es preciso reflexionar si el cambio de modelo económico implícito en la modificación constitucional es o no reversible y si puede ser contrapesado por medidas que hagan efectiva la cláusula de Estado social que sigue formando parte del texto constitucional. 

Un elemento novedoso de este agudo retroceso en los derechos sociales es la determinación con la que se adoptan medidas que tienden a la irreversibilidad.  El modelo de bienestar no sólo sufre recortes como consecuencia de la crisis, que también, sino que la crisis sirve como respaldo para un cambio de modelo social que pone en jaque este Estado de Bienestar.  La combinación de cambios constitucionales, legislativos y administrativos, dificulta, cuando no impide, una vuelta atrás a la casilla de salida en que el sistema financiero hizo crack.