El análisis de la política de Gestión cívica de equipamientos en la ciudad de Barcelona es una oportunidad para reflexionar sobre la colaboración entre comunes urbanos y administración pública local. La Gestión cívica consiste en la cesión por parte del Ayuntamiento de Barcelona de equipamientos de titularidad pública a la ciudadanía organizada de un territorio para que ofrezcan un servicio a la comunidad. Los equipamientos de Gestión cívica se consideran comunes urbanos en tanto que implican una comunidad en la administración colectiva de un recurso y la creación de una institucionalidad propia (Colding y Barthel, 2011; Kip et al., 2015;Ostrom, 1990), basada en un principio de reciprocidad y deliberación (Laval y Dardot, 2015).

La presente investigación aborda, desde las perspectivas críticas de la gobernanza en red (Blanco et al. 2011; Swyngedouw, 2005), los potenciales del trabajo conjunto entre la administración local y la ciudadanía para la consolidación de los comunes urbanos, pero apuntando también aquellos aspectos que crean tensión y dificultan la relación entre los dos actores implicados.

A partir del trabajo empírico que incluye el análisi de la encuesta realizada a 50 de los 56 equipamientos de Gestión cívica; entrevistas en profundidad a los responsables de 34 equipamientos; y entrevistas complementarias a personal político y técnico del Ayuntamiento de Barcelona que está en contacto con los equipamientos, se presenta un análisis crítico de las redes que se establecen para la coordinación, identificando los puntos fuertes y los retos de la relación entre el actor público y el comunitario.

La gobernanza en red establece que ante la creciente complejidad de los problemas que tiene que hacer frente la administración pública, el trabajo con actores provenientes de la sociedad civil y el mercado privado son la mejor fórmula para dar una respuesta que permita sumar recursos y conocimientos, innovar socialmente, empoderar a las comunidades y democratizar la implementación de políticas públicas (Blanco et al. 2011: Klijn, 2012). A través de un funcionamiento y coordinación que tienda a la horizontalidad, y la promoción de valores como la confianza, la cooperación y la reciprocidad se pueden resolver problemáticas aparecidas en la esfera pública y proporcionar recursos para la acción colectiva. No obstante, también existe cierto escepticismo entorno a las redes, en el que se apunta a un potencial déficit democrático en la gobernanza, entendido como un deterioro de los parámetros democráticos de funcionamiento (Swyngedouw, 2005) y la consolidación de tecnologías de poder que permiten ejercer el poder a distancia a través de mecanismos de control (Dean, 1999). También en relación al empoderamiento de la sociedad civil en la configuración de políticas públicas, Davies (2011) apunta que según la naturaleza de los recursos o políticas a aplicar se pueden crear dependencias entre los actores, y darse relaciones asimétricas.

El análisis de la política de gestión cívica y las relaciones establecidas entre la administración y los equipamientos de gestión cívica, muestra como las bases aprobadas en 2015 suponen un avance en el reconocimiento a la autoorganización ciudadana y la capacidad de transformación comunitaria de los comunes urbanos. La cesión de los equipamientos y la financiación de la actividad por parte del ayuntamiento supone la posibilidad de poder desarrollar una gestión con estabilidad y plantear un trabajo a largo plazo por parte de la ciudadanía, a diferencia de los comunes urbanos que se encuentran en suelo privado o que optan por otras estrategias de acceso al espacio urbano, como la ocupación.

Sin embargo, hay ciertos aspectos que crean tensiones entre el Ayuntamiento y la ciudadanía, y que dificultan el desarrollo de los comunes urbanos en forma de gestión cívica. En primer lugar, en los espacios de coordinación de los dos actores no se rigen por horizontalidad o corresponsabilidad, hay un reparto del poder desigual, siendo el Ayuntamiento el actor que ejerce una capacidad definitoria de aspectos relevantes, gracias a su capacidad financiadora y reguladora, lo que crea reacciones por parte de la ciudadanía responsable de los equipamientos. En este sentido se han observado estrategias de resistencia frente a la desigualdad de poder en las relaciones con la administración por parte de la ciudadanía organizada, y de presión para conseguir sus objetivos, como es la organización colectiva entre equipamientos de gestión cívica para negociar, o la movilización social en la calle.

En segundo lugar, en el análisis se han identificado mecanismos de ejercicio de poder en la distancia por parte de la administración (tecnologías de poder en los términos foucaldianos) que se presentaban en forma de requerimientos burocráticos y rigidez en los procedimientos. Los trámites que se exigen a los equipamientos de gestión cívica para poder justificar y rendir cuentas de la actividad no están suficientemente adaptados a la idiosincrasia propia de la organización ciudadana y el trabajo comunitario, que tiene características propias en relación con los ritmos de desarrollo, toma de decisiones, etc. El tiempo que dedican las personas implicadas en la gestión cívica en la burocracia requerida, y las limitaciones de la propia organización y jurisdicción del Ayuntamiento, terminan perjudicando al desarrollo de la actividad de los comunes, y acaban suponiendo el riesgo de convertir las asociaciones en meros gestores, perjudicando su capacidad crítica y transformadora.

En conclusión, la política de gestión cívica supone un avance en el reconocimiento de los comunes urbanos en forma de gestión de equipamientos y servicios para la ciudadanía, y es también una mejora en la regulación y transparencia respecto a la situación previa, en la que cada distrito de la ciudad decidía sobre la adjudicación de equipamientos y la rendición de cuentas. Sin embargo, la administración todavía le faltan herramientas político-legales que puedan reconocer la idiosincrasia y la capacidad de la autoorganización ciudadana, y que permitan establecer una relación basada en la confianza y en la horizontalidad, que faciliten maximizar el potencial innovador, democratizador y transformador de los comunes urbanos.

Bibliografía:

Blanco, I., Bonet, J., Walliser, A. 2011. Urban governance and regeneration policies in historic city centres: Madrid and Barcelona. Urban Research & Practice, 4:3, 326 - 343.

Kip, M., Bieniok, M., Dellenbaugh, M., Müller, K., Schwegmann, M., 2015. Seizing the (every)day: Welcome to the urban commons!, in: Dellenbaugh, M., Kip, M., Makjen, B., Müller, K., Schwegmann, M. (Eds.), Urban Commons: Moving Beyond State and Market. Birkhäuser, Berlin, p. 9.

Laval, C., Dardot, P., 2015. Común:ensayo sobre la revolucin en el siglo XXI. Gedisa, Barcelona.

Ostrom, E., 1990. Governing the commons : the evolution of institutions for collective action. Cambridge University Press, Cambridge.

Swyngedouw, E., 2005. Governance Innovation and the Citizen: Face of Governance-beyond-the-State. Urban Stud. 42, 1991–2006.