El cambio de época en las sociedades tardomodernas de actual siglo ha venido caracterizado en el plano socio-económico y político por las tendencias globalizadoras de los mercados, el declive de los estados de bienestar y de las políticas públicas, la crisis de los cuidados y de la ciudadanía social, la precarización laboral y la desregularización de los mercados globales. Estos procesos han deteriorado las condiciones de vida de una gran parte de la ciudadanía y han dejado al descubierto la desprotección y vulnerabilidad creciente de las personas.

En este contexto, es de destacar el “giro hacia la proximidad” (Gomà y Ubasart, 2021) que se ha producido en las políticas públicas hacia la ciudadanía. Desde los comienzos de la industrialización y hasta el siglo XX la organización y la provisión social fue de la mano de los estados. Sin embargo, el cambio de época se vislumbra como una transición hacia las redes de ciudades y, debido a procesos de descentralización estatal, hacia entidades provisoras sub-estatales, como las comunidades autónomas –como es el caso del País Vasco–.

En el mundo se vive una era urbana que no tiene precedentes históricos. La CAV no es ajena a esa tendencia; el Bilbao metropolitano reúne hoy en día un gran porcentaje del total de 2.193.199 habitantes que posee la comunidad autónoma. Este patrón poblacional que se extiende tanto a escala local como global lleva a pensar que el municipalismo puede actuar como motor institucional de los nuevos proyectos de ciudadanía. En efecto, tal y como señalan Gomà y Ubasart (2021), además de las tendencias demográficas que derivan en un incremento progresivo de la población urbana, la centralidad de la ciudad en términos de agenda social se ve reforzada por otros dos procesos. De un lado, la necesidad de las políticas de cuidados y su dimensión comunitaria. De otro, las políticas de derechos por la ciudad. La confluencia de ambos pronostica el protagonismo que van a alcanzar las políticas de proximidad y el municipalismo, como su eje promotor.

Como señala Comas D´Algemir (2017), las políticas públicas en el contexto de la ciudad son fundamentales en la provisión de servicios de cuidado, puesto que hace que éstos sean asequibles para toda la población. De esta manera, permiten equilibrar las diferencias entre las personas y las familias que pueden comprarlos en el mercado y las que no pueden hacerlo, que deben cuidar a otras personas y se empobrecen más por ello.

La ciudad es pues el marco donde se manifiestan de manera más visible las contradicciones de la actual organización social del cuidado y de las consecuencias de la división sexual del trabajo. Si se desea una ciudad inclusiva, ha de serlo bajo la base de una ciudad igualitaria, atendiendo a la diversidad de necesidades y demandas de la ciudadanía. Por otro lado, el marco local ha adquirido una relevancia creciente desde un punto de vista político (Trounstine, 2009). La ciudad es el lugar privilegiado donde se materializan los derechos de ciudadanía. Transformar la ciudadanía, tomando en consideración los derechos de todas las personas, incluyendo los de las mujeres, implica reconocer la importancia de los cuidados en nuestras sociedades.

Los análisis en torno a la organización social de los cuidados han permitido conocer mejor cómo el trabajo de cuidados se articula en los diferentes ámbitos de provisión de los mismos, familia, comunidad, mercado y estado, así como con las normas y valores que pautan y reproducen el desigual reparto de táreas y responsabilidades de cuidados. Superar esas desigualdades implica repensar qué es y qué significa cuidar y ser cuidado o cuidada. Significa plantear los cuidados como una responsabilidad colectiva y no como una cuestión individual y privada. Significa reclamar el derecho a unos servicios de cuidado accesibles y profesionalizados. Y significa, a su vez, reconocer material y simbólicamente el valor de los cuidados como pieza clave para el bienestar y la reproducción social (Carrasquer, 2012).

El sistema tradicional de cuidados no es sostenible y crea desigualdad, ello implica que los gobiernos municipales deben diseñar políticas de transición a corto y medio plazo con el fin de reorganizar las actuaciones de cuidados desde una perspectiva integral y sostenible.

Con este fin, se han de tener en cuenta una serie de principios que deben guiar las actuaciones públicas en la provisión de cuidados, es decir, aquellos fundamentos sobre los cuales (re)construir las políticas municipales de transición poniendo en el centro la sostenibilidad de la vida de las personas que constituyen la ciudadanía: universalidad, transversalidad de la gestión, gobernanza colaborativa y abierta a la participación, descentralización y perspectiva de género e interseccional.

La mirada sobre los cuidados desde el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Bilbao incorpora tanto en sus prácticas como en sus documentos programáticos, la importancia y la preocupación por ofrecer a la ciudadanía unos servicios de cuidados dignos y de calidad. En los dos últimos planes, el IV y V Plan de Igualdad, es decir, desde el 2014 al 2023, se incorpora junto a la corresponsabilidad la conceptualización sobre la ética de los cuidados. Pero es en este último Plan donde se recogen y desarrollan los contenidos aprobados en la primera Ordenanza Municipal para la Igualdad de Mujeres y Hombres del 3 de enero de 2019, que contempla como objetivo central: “fomentar la corresponsabilidad y la ética del cuidado como compromiso político, económico y social para que hombres y mujeres sean responsables de similares deberes y obligaciones en los escenarios público y privado, en el mercado laboral, en las responsabilidades familiares y en la toma de decisiones” y, para tal fin se plantean medidas para impulsar la corresponsabilidad de los hombres en las táreas de cuidado y domésticas, para diseñar e implantar servicios y recursos que favorezcan la conciliación de la vida personal, laboral y familiar, especialmente los relativos a los cuidados, a la atención de las personas en situación de dependencia y de quienes enfrentan la violencia contra las mujeres,  además de impulsar en el tejido empresarial, económico y sindical de Bilbao la transformación organizacional en relación a los usos del tiempo y la corresponsabilidad social.

Así, la redistribución de los cuidados se percibe como necesaria tanto en el espacio privado, entre mujeres y hombres, como en el público adoptando el ayuntamiento para ello el compromiso de integrar la corresponsabilidad de los cuidados en la gestión interna de personal además de promover servicios y recursos asequibles, flexibles, de calidad y de fácil acceso que favorezcan la conciliación especialmente los relativos a los cuidados e incluso medidas y servicios de apoyo económico técnico y psicosocial a las personas que realicen labores de cuidados reconociendo los cuidados como una necesidad vital y un bien común que se puede compartir, disfrutar y que nos hace mejores como sociedad y como personas.

La importancia de esta Ordenanza radica en que debe hacerse efectiva no sólo dentro de la institución municipal y en sus órganos dependientes sino también deben aplicarla aquellas entidades privadas que realicen contratos o convenios de colaboración con la institución e incluso que se beneficien de alguna ayuda o subvención. Y si bien su implementación requiere de la implicación del personal que trabaja en la administración local, su transversalización es responsabilidad del Área de Igualdad.

Abordar el diseño de políticas de transición hacia un modelo de cuidados más democrático y a su transversalización e implementación exije la formación de los diferentes agentes implicados en la provisión de los mismos: personal técnico de diferentes áreas de la administración local, concejalas y asociaciones de mujeres y feministas.

¿Qué entienden por cuidados? ¿Cómo se están trabajando? ¿Cómo podríamos mejorar ese trabajo  que se realiza desde los servicios municipales?

Estas son las preguntas de investigación que han orientado el diseño de la formación  y reflexión sobre los cuidados que se ha realizado con el personal técnico de la administración local, las concejalas que conforman la comisión política de seguimiento y representantes de asociaciones de mujeres y del movimiento feminista que conforman el consejo de mujeres del municipio, desde una estrategia de investigación-acción-participativa(por invitación).

El proceso de formación ha estado caracterizado, por las dificultades de acceso a la participación de las personas que provienen del ámbito asociativo y/o comunitario, en unos casos, y en otros por la desconfianza ante la iniciativa municipal, sobre todo, por parte del movimiento feminista.

Las personas que han participado han valorado positivamente la experiencia de aprendizaje compartido. El personal técnico ha reclamado mas recursos económicos y humanos, la necesidad de trabajar conjuntamente con la ciudadanía y las asociaciones del tejido comunitario y una mayor coordinación entre las áreas municipales. En definitiva una transformación de la cultura organizativa de la institución local que facilite la transversalización de una mirada hacia los cuidados desde una perspectiva de género e interseccional, para poder transitar hacia la democratización de la organización social de los cuidados.