Después de un polémico proceso, las Cortes Generales aprobaron, a finales de 2013, la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), que modificó la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL), con el propósito de adaptar el subsistema local a las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. La ponencia analiza la modificación legislativa, que constituye una clara manifestación de la sublimación del principio de eficiencia económica, y su impacto en las estructuras organizativas y prestacionales de los gobiernos locales.