La ampliación de los poderes a disposición del Tribunal Constitucional para la ejecución de sus resoluciones realizada por la LO 15/2015, de 16 de octubre en el complejo contexto de la denominada cuestión catalana, ha sido discutida en múltiples foros, incluso en sede constitucional. Los Estados Unidos de América, Austria, Alemania y nuestra historia constitucional ofrecen ejemplos de resistencia por parte de autoridades públicas a la ejecución de las resoluciones de las altas instancias jurisdiccionales. El objetivo de este trabajo es tratar de arrojar algo de luz a este debate sobre la relación entre la jurisdicción constitucional y la ejecución de sus resoluciones, acudiendo en primer lugar a la experiencia constitucional comparada y luego a la evolución del modelo de justicia constitucional español establecido por la Constitución de 1978.